A juicio un empleado de banca de Santiago por quedarse el dinero de dos fallecidos y el plan de pensiones de otra clienta
SANTIAGO CIUDAD
La Fiscalía le solicita tres años de cárcel y que devuelva a la entidad los 30.473 euros con los que tuvo que indemnizar a los afectados
12 jun 2021 . Actualizado a las 22:01 h.La sección sexta de la Audiencia Provincial, que es la que tiene su sede en Santiago, juzgará la semana que viene, concretamente el jueves, a un hombre que era empleado de banca y que está acusado de un delito de estafa continuada en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil por aprovechar su posición en la entidad para apropiarse del dinero de clientes. La Fiscalía le pide tres años de cárcel y una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros, es decir, de 3.650 euros.
Los hechos que se van a juzgar se remontan a mediados del 2015, cuando al acusado, que trabajaba en una de las sucursales de Santiago de la entidad bancaria, le encomendaron que revisara la documentación de los antiguos clientes del banco con el que se acababa de fusionar su empresa.
Así, según el escrito de acusación que ha presentado el ministerio público, «aprovechándose de sus funciones» procedió a cancelar la cuenta titular de dos clientes fallecidos al ver que no había movimientos bancarios «apoderándose con evidente ánimo de ilícito enriquecimiento de su saldo, que ascendía a 7.463,36 euros», señala la fiscala.
Del mismo modo, al percatarse de que tampoco había movimientos en la cuenta de otra clienta, simuló su firma y los días 14 y 28 de diciembre del 2015 realizó dos rescates de su fondo de pensiones por importe de 8.000 y 7.616,84 euros.
Después, simulando otra vez la firma, abrió una cuenta en la que ingresó el resto del plan de pensiones por importe de 15.009,75 euros. El acusado anuló él mismo el reintegro de 7.616,84 euros que había hecho, pero salvo esta cantidad se apoderó presuntamente de todo el dinero que había en el plan.
La entidad bancaria ya ha indemnizado a los perjudicados, por lo que la Fiscalía también reclama al acusado que abone 30.473,11 euros a la empresa de la que fue empleado.