La Xunta advierte que el fenómeno avanza y reclama una reforma legal integral para acabar con la incongruencia de que esté más penado robar un móvil que usurpar una vivienda
16 abr 2021 . Actualizado a las 19:31 h.El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas no es en Galicia de una gravedad comparable a la de otras autonomías españolas, como Madrid o Cataluña, pero sí avanza peligrosamente y, en palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, «non podemos seguir amparando ese acubillo de ilegalidade». El Gobierno gallego se queja de que el central, además de mantener una actitud poco firme e incluso permisiva con los okupas, no le da acceso a los datos que lleva tiempo reclamándole para poder analizar este espinoso asunto, pero señala que, según sus propios estudios, en la comunidad se pasó de una okupación cada dos días en el primer trimestre del 2020 a una al día en el tercer trimestre de ese mismo año.
En Galicia la cifra de usurpaciones de viviendas es seis veces inferior a la media estatal, «pero vai in crescendo», advierte Vázquez, que participó en el pleno del Observatorio da Vivenda en el que se presentaron dos dictámenes sobre la okupación de los profesores de Derecho Penal de las universidades de Santiago (USC) y de Castilla-La Mancha, Santiago Brage y Silvia Valmaña, respectivamente. La conclusión de ambos, que comparte al cien por cien la Xunta, es que es necesario acometer una reforma legal integral que eleve las penas por la okupación de viviendas para acabar con la incongruencia de que esté penado más duramente robar un móvil (de 6 a 18 meses de prisión) que apoderarse de una vivienda, para lo que el Código Penal actual solo prevé multas de tres a seis meses.
Ángeles Vázquez cree que la usurpación es «un delito privilexiado» que hay que revisar para dar instrumentos a los jueces para que puedan actuar «porque este é un problema real e para o afectado é un drama», afirma la conselleira. Los datos de la Xunta apuntan a que el fenómeno en la comunidad es casi estrictamente urbano y mucho más severo en A Coruña y Vigo que en el resto de ciudades. Además, buena parte de los okupas proceden de otros territorios de España, un fenómeno que la responsable de Vivenda del Gobierno autonómico califica de «turismo de okupación» y que se agudiza especialmente en Santiago. Por ello, otra de las propuestas es que se revoquen los empadronamientos para evitar que los usen como amparo legal a su delito.
Otro dato revelador del tipo de problema que es la okupación es que, según la conselleira, el 99 % de los okupas en Galicia ni han solicitado ayudas al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ni a los servicios sociales municipales o autonómicos, algo que para Ángeles Vázquez pone de manifiesto que los usurpadores de viviendas «non queren optar a axudas que lles comprometen a ter que levar unha vida normal e que, por exemplo, os seus fillos estean escolarizados».
Los dictámenes que ha encargado la Xunta coinciden en la necesidad de elevar las penas por okupar una vivienda hasta los tres años de cárcel, aunque la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aclara que no se busca «meter á xente no cárcere» sino establecer mecanismos que eviten el delito y, sobre todo, que permitan la devolución rápida y con los mínimos desperfectos posibles de las viviendas okupadas. De hecho, la reforma que se propone desde Galicia rebajaría las penas impuestas en el caso de la devolución voluntaria de la vivienda.
El temor a la usurpación merma la oferta del mercado de alquiler
El Gobierno gallego trabaja actualmente en la elaboración de un mapa de viviendas okupadas en la comunidad y cuenta con un teléfono, el 900 121 221, en el que las víctimas de los okupas pueden recibir toda la información necesaria para asesorarse de cómo deben actuar.
La Xunta, que aclara que no tiene competencias directas sobre este asunto, quiere que el Gobierno central escuche sus propuestas y reflexione, porque considera que el de la okupación, además de ser un grave problema de alteración del orden público, está también mermando la oferta del mercado de alquiler. «A inseguridade xurídica actual fai que moitos galegos non poñan as súas vivendas en aluguer por medo a que llas ocupen», reflexiona la conselleira Ángeles Vázquez.
Y es que el perfil de okupa que más aumenta es el que llega como inquilino, paga un mes o dos y después deja de abonar los recibos pero no abandona el piso hasta que le desahucian.
