Empleados públicos se movilizan en Santiago contra el abuso de temporalidad

Su larga caravana de vehículos colapsó calles del centro de la ciudad


Santiago / La Voz

Una caravana de manifestantes convocados por la Plataforma de trabajadores públicos temporales en fraude de ley, formada por centenares de vehículos con globos amarillos, ocupó a media mañana de este domingo, con una muy lenta circulación y haciendo sonar sus cláxones, las principales calles del centro de Santiago, una de las 26 ciudades españolas —la única gallega— en las que se realizó simultáneamente esta movilización, organizada para llamar la atención por el «abuso» de las administraciones públicas en la contratación temporal y exigir «la regularización de la fijeza».

La plataforma convocante, MI15F, difundió un manifiesto en el que reclama una solución sin más demora, porque ve peligrar los puestos de trabajo, de la «situación laboral discriminatoria a la que nos tienen sometidos desde hace décadas» pese a los intentos realizados por vía social, judicial, política y administrativa. Contraponen su situación a la de los empleados públicos temporales europeos, que «están amparados frente al abuso de temporalidad por la directiva 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España, ni queriendo cumplir, en nuestros servicios públicos».

Los manifestantes añaden que no quieren más contratos «en fraude de ley, ni que nos echen a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público, ni que se obvie la supremacía del derecho europeo que se aplica en el resto de los estados miembros de la UE». Quieren que se cumpla la ley para poder seguir en sus puestos de trabajo, «máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito, capacidad e igualdad».

La plataforma exige que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a las plazas de estos trabajadores hasta que se sancione el abuso de temporalidad para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional. También piden un pacto de estado contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público, así como resarcir «a las víctimas de abuso que se han ido quedando por el camino», y una vía de diálogo con el Gobierno estatal para la participación de este colectivo en la puesta en marcha de estas reivindicaciones.

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