La Xunta reclama al Gobierno central cambios en la ley para atajar el fenómeno okupa

La conselleira de Vivenda defiende ante el fiscal superior penas más duras y que los presidentes de las comunidades puedan exigir desocupaciones inmediatas

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante la reunión que mantuvo con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzez
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante la reunión que mantuvo con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzez

Santiago de Compostela

En el marco de la ronda de contactos que el mes pasado inició la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para abordar el problema de los okupas, Ángeles Vázquez se ha reunido con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ante el que ha defendido la visión que la Xunta tiene del fenómeno, que no es otra que la de reclamar al Gobierno central más implicación y cambios en las leyes que permitan atajar un fenómeno que, advierte el Gobierno gallego, se ha agudizado en el 2020, lo que hace necesario intervenir «para acabar coas dúbidas e a inquedanza social que están a xerar este tipo de casos en todo o país», señala.

Recalca Vivenda que, según los datos del propio Ministerio del Interior, el número de denuncias por casos de usurpaciones de inmuebles en Galicia ha pasado de las 59 del primer trimestre de este año a las 79 del segundo. Pese a todo, Galicia sigue seis puntos por debajo de la media española, aunque la conselleira puntualiza que «non se trata dó dun problema cuantitativo, senón cualitativo» y recuerda el componente social que tiene este fenómeno «em tanto que afecta aos propietarios dos inmobles ocupados e aos veciños que sofren as súas consecuencias».

Ángeles Vázquez le explicó al fiscal superior que uno de los objetivos básicos de la reforma legislativa que Galicia demanda al Gobierno central pasa por otorgar a las comunidades de vecinos, a través de sus presidentes, el derecho a actuar ante la Justicia para exigir el cese de las molestias que causan los okupas e incluso la desocupación inmediata de una vivienda.

Además, la conselleira también considera necesario arbitrar mecanismos jurídicos que permitan garantizar el desalojo cautelar de un inmueble en las primeras horas de ocupación, así como un endurecimiento de las penas que disuada a los okupas de la comisión del delito y elimine la sensación de impotencia entre los afectados que sufren este tipo de conductas.

La reforma legislativa sobre el fenómeno okupa que defienda la Xunta, asegura Vázquez, «está avalada por informes de reputados expertos penalistas e da Universidade de Santiago» y es por ese motivo que considera «imprescindible que o Goberno promova as reformas necesarias, con independencia doutras medidas como, por exemplo, a recente instrucción ditada pola Fiscalía do Estado para unificar os criterios de actuación ante ocupacións».

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