La instalación de un radar, una decisión tan necesaria como impopular, debe ser siempre el resultado de un meticuloso estudio guiado por el único objetivo de aportar soluciones a un problema de inseguridad vial. De lo contrario, esa misma impopularidad blindará las reacciones contrarias y dará pábulo a todo tipo de sospechas sobre las verdaderas intenciones de la Administración responsable. ¿Es este el caso del radar de Conxo? Cabe suponer que sí. Y no será porque el gobierno local no haya sido advertido una y otra vez desde el mismo momento en que lo instaló en pruebas. Desde estas páginas hemos reiterado este mensaje, no solo por la observación directa, sino -lo más importante- recogiendo la indignación de los usuarios. Críticas que no desata, por cierto, el razonable radar de O Paxonal.
Sin embargo, ha sido el primer balance sancionador del polémico radar de Conxo, el de los tres meses, lo que ha abierto una, de momento, pequeña brecha en el inmovilismo en el que se ha encastillado Raxoi con el falaz argumento de la peligrosidad de ese tramo de la SC-20 provocada por el exceso de velocidad del tráfico; exceso que sí es cierto, como lo es en la práctica totalidad de la red viaria periférica de Santiago, donde hay tramos mucho más peligrosos -los partes de siniestralidad no mienten- y sin embargo están libres de radar.
¿Y cuál es el balance? Rotundo: el radar de Conxo se ha colocado, en solo tres meses, con sus 17.094 multas, como líder absoluto de los radares de España, desbancando con amplitud al número 1 del ránking de la DGT, el de la AP-7 en Sagunto (Valencia), que en todo el año pasado cazó a 59.428 conductores, una barbaridad empequeñecida por el de Conxo en su proyección anual: 68.376.
¿Y aún habrá alguien en Raxoi que se atreva a decir que no hubo voluntad recaudatoria al instalar ese radar en mal sitio y pésimamente señalizado? El exceso de ambición saqueadora supera con creces al de velocidad y sustenta sospechas como las del PP, que apunta, como instigador de ese radar, al gestor privado de las multas, comisionista de casi el 27 % de la recaudación. Calculada esta en dos millones de euros en los tres meses, se lleva medio millón. Una mina de oro.