PP y BNG piden responsabilidad al Estado en la financiación de la EDAR e información a Raxoi
SANTIAGO CIUDAD
Brunete y Sanmartín urgen la reunión de la junta de portavoces
27 abr 2020 . Actualizado a las 13:46 h.La propuesta de convenio remitida por la sociedad Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) a la Xunta y al Ayuntamiento para la financiación de la nueva depuradora de Santiago amenaza con polémica en medio de la crisis del coronavirus. Los grupos municipales del PP y el BNG han reaccionado inmediatamente ante los términos de dicha propuesta, que traslada a los compostelanos el coste del 80 % de la financiación inicial prevista, más de 56 millones de euros (además del IVA).
Acuaes plantea una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) sin fondos europeos, en la que la Xunta aportaría el 20 % y asumiendo inicialmente ella el resto, pero a modo de préstamo al Concello, que tendría que devolverle en 30 años los 30 millones que la entidad estatal pondría de sus propios fondos y, en 25, el préstamo bancario preciso para completar la inversión.
La sociedad estatal prácticamente da por cerrada la puerta de la financiación comunitaria del período 2014-2020 y plantea cualquier posible asignación del período 2021-2027 (aún se desconoce destino programático y distribución) como un aporte adicional que compensaría esa inversión.
Populares y nacionalistas reaccionaron ayer demandando con urgencia al alcalde la convocatoria de una junta de portavoces para conocer en detalle esa propuesta y el cronograma del proyecto, aunque han avanzado también que su posición está con exigir al Estado que asuma la falta de fondos comunitarios.
Con garantías jurídicas
Para la formación que lidera Alejandro Sánchez-Brunete, ha de ser el Estado, «cos seus propios fondos, o que faga a principal achega» y asuma «a súa responsabilidade nunha instalación fundamental que a propia Administración central declarou en 2001 como obra de interese xeral do Estado». Y defiende que desde el Concello se inste al Gobierno a ofrecer «garantías xuridicamente esixibles» para la financiación de la depuradora. «Non se pode aceptar que o custo total recaia unicamente na Xunta e o 80% restante se lle cargue ao Concello, mentres o Estado, a diferenza do realizado noutras cidades, se desentenda totalmente de calquera participación con cargo aos seus orzamentos», concluye.
Garantías de que el Estado asegure buena parte de la financiación es lo que ha venido demandando el BNG en los últimos años, pero ningún gobierno local «conseguiu ter este compromiso por escrito», dice Goretti Sanmartín, que advierte al alcalde que debe hacer prevalecer «os intereses de Santiago para que o Estado asuma a parte que lle corresponde» sin trasladársela a los vecinos.