La jueza de Santiago critica con dureza la instrucción de Pilar de Lara en la Pokémon y archiva la investigación contra Conde Roa y su gobierno local
SANTIAGO CIUDAD
La magistrada cree que su compañera tomó decisiones que vulneraron de forma muy grave el derecho de defensa de los imputados
23 abr 2020 . Actualizado a las 21:19 h.La instrucción llevada a cabo por la jueza Pilar de Lara en Lugo en el marco de la operación Pokémon ha recibido duras críticas de diversos ámbitos, incluso del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero pocas tan contundentes como las que ha emitido la magistrada santiaguesa Ana López-Suevos Fraguela, que resultan aún más relevantes porque fue la misma que condenó por prevaricación a la práctica totalidad del gobierno local del PP durante el mandato de Ángel Currás como alcalde, aunque esta decisión fue después revocada por la sección compostelana de la Audiencia Provincial.
En manos de López-Suevos cayó una de las piezas separadas de la Pokémon compostelana que, tras años y años en Lugo sin que se produjeran avances en la instrucción, Pilar de Lara acabó remitiendo a Santiago. Se trata de la investigación contra el que fue regidor popular, Gerardo Conde Roa, su mano derecha, Ángel Espadas, dos de sus concejales, Albino Vázquez y Adrián Varela, tres funcionarios y los representantes de algunas empresas que supuestamente habían pagado sobornos en forma de dinero, viajes y regalos a cambio de contrataciones. Todo ello ha quedado finalmente en nada, porque la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha archivado todas las actuaciones en un auto repleto de quejas y reproches a la actuación de Pilar de Lara en este caso.
Entiende Ana López-Suevos que existen dificultades «insalvabeis» que impiden «identificar cal é o obxecto de dito procedemento, con todas as consecuencias que isto comporta», ya que Pilar de Lara estuvo «catro anos praticando dilixencias de instrucción con posterioridade á decisión de inhibición», que hizo con anterioridad, por lo que «este xulgado se atopa imposibilitado para coñecer cal é o obxecto da causa inhibida, pois tanto os feitos como os delitos poden terse descartado ou confirmado ou incluso engadido outros novos».
Para la jueza de Santiago, Pilar de Lara actuó, desde el punto de vista procesal,«co criterio contrario á lóxica de tramitación, isto é, en vez de levar a cabo unha breve instrucción e inhibirse ao xulgado territorialmente competente mediante un auto que concretase o obxecto da inhibición, o que fixo foi ditar un auto de inhibición pero seguir instruíndo a causa catro anos máis, sen actualizar a individualización do obxecto da inhibición no intre de ser efectivamente remitida». Una forma de proceder con la que la magistrada que estaba en Lugo y que ha perdido su puesto sancionada por el CGPJ precisamente por su mala instrucción del caso Pokémon, provocó a los imputados y sus defensas «o desconcerto da inconcreción do elemento obxectivo, e tamén subxectivo, da causa».
A esa inconcreción de los delitos imputados le añade la jueza de Santiago que no está del todo claro qué se achaca a cada investigado, lo que considera que «tivo gravísimas consecuencias no dereito de defensa e na posición procesual á que se viron abocados os encartados» porque no fueron informados de forma suficiente de la imputación que pesaba sobre cada uno de ellos «ao tempo que os feitos que se lles atribúen seguiron aumentando a raíz das sucesivas dilixencias praticadas».
Ante esta situación, en opinión de la magistrada compostelana, todos los investigados en esta pieza separada sufrieron por causa del modo de proceder de Pilar de Lara «total indefensión, agravada pola circunstancia de que ao tempo de prestar declaración a causa estaba declarada secreta, polo que tanto eles como os seus letrados tiñan un coñecemento moi parcial do procedemento, sobre todo á vista da envergadura e complexidade do mesmo».
De este modo, al ser archivadas estas actuaciones, se da carpetazo a las investigaciones referidas a la adjudicación del contrato sobre la gestión de multas en Santiago, otro sobre la compra de autobuses urbanos financiados con fondos Feder a la empresa Talleres La Campiña SL, la supuesta manipulación de concursos a empresas a las que se pretendía favorecer, la financiación del PP compostelano o la ordenación urbanística de la Finca do Espiño. Las once personas afectadas por estos asuntos son, además de Gerardo Conde Roa, su asesor y dos de sus concejales, los funcionarios Rocío Montañés, María Moreno y Román Otero, así como el exedil del PSOE Bernardino Rama, Jesús Fuentes y los representantes de empresas José Luis Míguez y Alexandre Ros Valls.
