La Plataforma apoyará a quienes denuncien viviendas de uso turístico

Margarita Mosteiro Miguel
Marga Mosteiro SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

PACO RODRÍGUEZ

Afirma que la mayor parte de los pisos inscritos en el Rexistro de la Xunta carecen del permiso municipal

05 mar 2020 . Actualizado a las 00:46 h.

La Plataforma por la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico nace con la intención de poner orden en un sector que, de acuerdo con la opinión de los integrantes de este colectivo, genera una problemática social grave. Reconocen la complejidad de este tema, pero instan a que se «adopten medidas inspectoras y sancionadoras en casos de ilegalidad». No quieren que se erradique este tipo de establecimientos turísticos, pero exigen que se controlen y cumplan con las mismas normas que rigen para el resto de los negocios del sector. «Se trata de actuar en igualdad de condiciones», afirmó Sara Santos, presidenta de la Asociación Hostelería Compostela, unos minutos antes de comenzar el acto de presentación de la Plataforma.

Carlos Debasa, presidente de la asociación de inmobiliarias Agalin, designado por los integrantes como portavoz del grupo, explicó que la Plataforma asume «el compromiso de velar por la correcta aplicación de la normativa vigente, constituyéndose en denunciantes de toda irregularidad». Aclaró que «no actuaremos como policías», pero sí colaborarán con quienes detecten viviendas de uso turístico sin los permisos para interponer denuncias en el Instituto Galego de Consumo. Su papel será el de fomentar las denuncias, y considera que «se impone como estrategia inmediata que todas las administraciones públicas han de compartir, la de hacer efectiva la aplicación de las normas en vigor a través de la persecución y sanción de las viviendas de uso turístico en las que se viene desarrollando una actividad clandestina y no declarada». De acuerdo con los datos de la Plataforma, el «80 % de los pisos que se anuncian son ilegales». Debasa reiteró que, como «actividad económica que son, tienen que tener licencia de actividad concedida por el Concello». Aclaró que este tipo de establecimiento «no se rige por la ley de arrendamientos, que corresponde a los alquileres de larga duración, porque son alquileres por días como los hoteles». Apuntó que la mayoría de los inscritos en el Rexistro de la Xunta no tienen permiso municipal, y que tras el anuncio de la moratoria del Concello, se produjo una avalancha de peticiones antes de su entrada en vigor.

Sanción y clausura

La Plataforma exige que cualquier vivienda «por no disponer de las preceptivas autorizaciones o comunicaciones previas, o por no cumplimentar los requisitos de fondo de su actividad, debe ser inspeccionada, sancionada y, llegado el caso, clausurada, independientemente de cuándo comenzara su actividad».