El padre y el hijo acusados de apropiarse de una herencia alegan que solo querían cobrarse los gastos que les causó el proceso
SANTIAGO CIUDAD
Los familiares perjudicados aseguran que nunca les comunicaron que habían cobrado 178.000 euros del Concello de Santiago
25 jun 2020 . Actualizado a las 17:04 h.Hay herencias que enfrentan familias, pero los Bermúdez hacía ya casi treinta años que estaban divididos antes de que el legado de los abuelos les hiciese llegar a los tribunales. De los cuatro hermanos, tres se llevaban bien y vivían todos junto a sus padres en el mismo edificio de la calle Basquiños de Santiago. El otro se marchó en 1991 tras un litigio anterior con el hermano con el que trabajaba y sus sobrinos declararon ante el tribunal que nada volvieron a saber de él hasta que se enteraron de que había cobrado del Concello 178.000 euros de la herencia familiar sin que ellos lo supiesen. Un caso por el que Isaac Bermúdez Sixto y su hijo, José Antonio Bermúdez Raña, han acabado frente a la sección compostelana de la Audiencia Provincial acusados de apropiación indebida y estafa. La Fiscalía pide para ambos tres años de cárcel, penas que la acusación particular incrementa hasta los cuatro.
El caso es complejo, porque los asuntos de herencias siempre lo son. Todo comenzó cuando el Concello de Santiago aprobó un expediente de reparcelación por el que decidió que ya no podía urbanizarse un pequeño solar que había junto al edificio en el que vivían los Bermúdez. La familia reclamó en los juzgados la decisión porque les perjudicó y los tribunales acabaron por darles la razón y ordenando al Ayuntamiento que les indemnizase con 326.000 euros.
El 29 de diciembre del 2012, José Antonio Bermúdez Raña recibió un talón bancario del Concello compostelano por 178.701,11 euros en concepto de indemnización para la comunidad hereditaria de su difunto abuelo. ¿Por qué esa cantidad y no los 326.000 que tenían reconocidos? Pues porque uno de sus tíos había recurrido por considerar insuficiente la indemnización y perdió el juicio. Le condenaron en costas, que ascendieron a 148.000 euros, por lo que el Ayuntamiento, de un modo ciertamente discutible, decidió retraer del pago esa cantidad.
José Antonio, que solo aceptó preguntas de su abogada, declaró en el juicio que actuó por orden de su padre, Isaac Bermúdez Sixto, y «en beneficio de la comunidad hereditaria», expresión que tanto los acusados como las defensas repitieron cual mantra durante la vista porque es el eje de su defensa, demostrar que no pretendían quedarse con el dinero a espaldas de sus primos y sobrinos y que siempre actuaron en defensa de los derechos de todos.
De hecho, padre e hijo alegaron que si no repartieron el dinero fue porque todo el proceso judicial y administrativo previo a que les reconocieran la indemnización lo llevaron ellos personalmente y les acarreó unos importantes gastos en abogados, peritos y procuradores que querían cobrarse a cuenta de la herencia. «En ningún momento», respondieron ambos cuando les preguntaron si su ánimo fue quedarse con todo el dinero. Y por ello, explicaron, hubo una reunión entre el que era en aquel momento su abogado y el de sus familiares para intentar llegar a un acuerdo que al final se frustró porque los acusados querían también que les resarcieran de la sanción que impuso Hacienda en la declaración del IRPF porque entendió que el hijo había tenido ingresos por valor de los 178.000 euros cobrados.
La versión exculpatoria de los acusados chocó frontalmente con la de los perjudicados, sobrinos y primos de ambos e hijos de los herederos ya fallecidos. Todos ellos aseguraron que José Antonio Bermúdez actuó a sus espaldas cuando cobró el cheque del Concello y que solo se enteraron de lo que había pasado cuando el Ayuntamiento envió al edificio una carta en el 2017, momento en el que decidieron dejar el asunto en manos de su abogado. «Nunca nos informaron de nada», afirmó una de las denunciantes, testimonio que corroboraron los otros tres y uno de ellos, además, recalcó que su tío tenía embargados sus derechos en la herencia y que por eso actuó a través de su hijo.
La versión de los acusados tampoco convenció a la Fiscalía, que al final del juicio incluyó el delito de estafa de forma alternativa al de apropiación indebida, aunque dejó la pena en los tres años que ya solicitaba, petición a la que se sumó la acusación particular. Un giro que ha motivado que la vista se suspenda hasta el viernes de la próxima semana para que las defensas puedan rebatir el nuevo delito que se les imputa.
El ministerio público también ha anunciado que modifica su petición de indemnización a los acusados para que el beneficiario sea el Concello de Santiago, al que considera perjudicado del presunto engaño de los acusados, ya que ahora ha tenido que reconocer el error que cometió al liberar el cheque sin conocimiento de todos los herederos y está en trámites de abonar su parte a los perjudicados, 216.000 euros a repartir entre los cuatro denunciantes, que todavía no han recibido el dinero.