La Fiscalía del Supremo renuncia a recurrir la absolución de Marina Castaño y Dositeo Rodríguez por su gestión en la Fundación Cela

La Audiencia Provicial les exculpó de la acusación de malversación de caudales públicos por el despido del que fue gerente de la entidad


Santiago

El caso Fundación Cela está cerrado definitivamente. La Fiscalía del Supremo ha renunciado a recurrir la sentencia que absolvió a todos los acusados por malversar fondos públicos en el pago de la indemnización por despido del que fue gerente de la entidad, Tomás Cavanna. La sección compostelana de la Audiencia Provincial consideró que, en contra de lo que sostenía la acusación, no se fungió ese fin de la vinculación laboral para pagar al afectado 150.000 euros. El tribunal señaló que «los indicios no son suficientes para inferir con certeza, más allá de toda duda razonable, que el despido fue una simulación. Esto es, que tal despido no existió, que todo fue consecuencia de un acuerdo o connivencia entre los acusados para dar al director gerente un dinero sin que hubiese razón para ello, puesto que tenía la intención de marcharse voluntariamente de la Fundación».

Tras aquel fallo que puso fin a más de diez años de polémica, el fiscal compostelano anunció que presentaría recurso ante el Supremo, pero su compañero del alto tribunal, que es el que tenía que formalizarlo, ha decidido no hacerlo al entender que no había garantías suficientes para anular la absolución de los acusados. Junto a la viuda de Cela, Marina Castaño, y al exconselleiro Dositeo Rodríguez, que fue miembro del patronato de la fundación, también fueron juzgados la hija de este, Covadonga Rodríguez, que es hoy en día subdirectora de la institución cultural, y el gerente despedido, Tomás Cavanna.

A Castaño el fiscal le reclamó una pena de cuatro años y medio de prisión, por lo que cuando la viuda del premio Nobel ha conocido que la Fiscalía del Supremo ha renunciado a recurrir su absolución y la de los demás acusados ha señalado que se siente «enormemente aliviada de que se restituya el honor hacia mi persona».

Por su parte, la acusación particular, que ejercía una vecina de Iria Flavia, Lola Torres, que fue la que con sus denuncias puso en marcha el caso, ni tan siquiera se personó ante el Tribunal Supremo para poder recurrir la sentencia absolutoria, por lo que también desistió de sus acciones.

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