Santiago y su área baten récords de derribos de construcciones ilegales al sumar 8 el año pasado

Desde el 2014 se demolieron 23 obras a instancias de la Xunta


Santiago / la voz

Santiago y su área no se libran de la tendencia alcista de derribo de construcciones ilegales. Durante el año pasado fueron ocho las edificaciones demolidas a instancias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Esto supone más de una cuarta parte de las 23 que desde el 2014 sufrieron la piqueta por estar emplazadas en lugares cuya normativa urbanística no lo permitía. En este año 2019 ya va una, en Arzúa, después de la resolución para su derribo en noviembre del 2018.

Los casos abarcan desde casas de madera a naves industriales, pero lo más habitual son viviendas unifamiliares en lugares que no están permitidos. Este es el caso de las tres construcciones demolidas el año pasado a instancias de la Xunta en Santiago de Compostela, el municipio del área que registró un mayor número de derribos, según los datos publicados por la APLU. En algunos casos, la resolución del organismo autonómico para reponer la legalidad databa de hacía más de cinco años.

Además de en Santiago, el año pasado también fueron derribadas edificaciones ilegales en O Pino, Padrón, Santa Comba, Teo y Val do Dubra. En todos ellos, se registró un único caso.

Este incremento de las demoliciones es especialmente acusado desde el 2017, cuando se produjeron seis casos, frente a los tres registrados a instancias de la APLU tanto en el 2016 como en el 2015. En el 2014 habían sido únicamente dos reposiciones, según figura en los diferentes registros del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

Apertura de expedientes

Pero no solo se intensifica el ritmo de la piqueta, sino que también crecen a pasos agigantados el número de expedientes iniciados. El año pasado, según los datos de la APLU, se abrieron una veintena en el área. Destacan los concellos de Arzúa, con cuatro; y Ordes, con tres. En Santiago hubo únicamente uno. Esta veintena supone casi el doble del año antes, el 2017, cuando el organismo tramitó once.

Pero la demolición no es la única consecuencia para los autores de construcciones ilegales. También puede ocasionar multas de entre 60.000 y 300.000 euros, así como procesos judiciales.

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