Los delitos sexuales cometidos por menores se duplican en la provincia

La memoria de la Fiscalía de Galicia recoge los delitos cometidos por menores el año pasado en la provincia coruñesa. Y de ella se desprenden dos cosas. Una buena y otra muy mala. Lo mejor es que han descendido el número de adolescentes llevados ante un juez y que se cometieron menos infracciones que en el 2017. Pese a todo, y esto es lo peor, se han multiplicado los delitos sexuales y los de violencia familiar y machista.

La Fiscalía Superior de Galicia, no obstante, ve avances importantes en cuanto a una sustancial disminución de delitos y delincuentes. Porque «un total de 240 menores de idade foron intervidos xudicialmente na provincia da Coruña, o que supuxo un descenso do 8,75 % con respecto ao ano 2017 (261 menores intervidos). Tamén baixou o número de infraccións penais cometidas por menores, que pasaron de 1.212 no 2017 a 1.177 no 2018, é dicir, un 2,9 % menos».

Son los titulares que ofrecieron el mes pasado los fiscales especialistas en menores tras reunirse con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. Ahí abordaron la situación actual de los menores en Galicia y analizaron diferentes cuestiones organizativas y de unidad de actuación de la Fiscalía «con el objetivo de asegurar la aplicación de criterios coherentes y uniformes en materia de protección de menores y de garantías en el proceso penal».

Inferiores a la media española

En la provincia coruñesa, el año pasado se registraron 29 delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. El doble que en el 2017. Desde la Fiscalía Superior de Galicia, preocupados por el aumento, quieren recordar que «pese al significativo aumento de infracciones de violencia sexual o en el entorno familiar, el número sigue siendo muy bajo, muy inferior a la media respecto a otras comunidades».

De los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, 10 fueron agresiones sexuales y 19 fueron abusos, cuando en el 2017 se registraron 6 y 8, respectivamente. La violencia de género tampoco ofrece buenos resultados. Más bien, lo contrario. Si en el 2017 hubo 6 casos, el año pasado se produjeron 30. Menos mal que descendieron los hurtos y las lesiones. Los robos bajaron en un año de 294 a 223. Y las agresiones con heridos también bajaron. De 264 incidencias a 185 el año pasado.

Según la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente al año pasado, en el total de Galicia, 616 menores fueron intervenidos judicialmente, lo que supuso un descenso del 7,8 % con respecto al año 2017. Sin embargo, se incrementaron en un 6,5 % el número de infracciones penales que fueron cometidas por menores, que pasaron de las 2.546 registradas en el 2017 a las 2.772 contabilizadas en el 2018. Mientras, se destaca la disminución de delitos de lesiones, que bajaron un 10,6 %, así como contra el patrimonio, un 18 %.

Las agresiones a familiares pasaron de 50 a 119 en un año

 

 

El año pasado la Fiscalía actuó en 119 casos de violencia en el ámbito familiar cometidos por menores. La cifra encoge el alma. Y lo peor es «tendrían que haber sido muchísimos más», precisa el psicólogo clínico José Antonio García. Porque son minoría los adultos que dan el paso de denunciar a sus hijos y los que lo hacen es porque la situación llegó al límite.

El de la vía penal es el último paso que suelen dar las familias y lo hacen ya casi sin aliento, cuando sus bienes o su propia vida corren peligro, y rotas después de deambular durante meses y posiblemente años buscando una salida. Son estos casos extremos los que se hacen visibles, pero otros tantos, imposibles de cuantificar, permanecen en secreto tras la puerta del domicilio. Es en el interior de él donde estalla con toda su crudeza el conflicto, «pero también donde se pueden encontrar las causas pero, sobre todo, una solución», afirma José Antonio García.

Medidas rehabilitadoras

¿Qué castigos se les impone a los menores que han cometido algún tipo de maltrato dentro del ámbito familiar? Existen varias medidas judiciales. Cuando un crío o una cría aparecen por el Juzgado de Menores imputados por violencia doméstica, se inicia un rígido protocolo de actuación. Mucho antes del juicio, si el equipo técnico del Juzgado formado por psicólogos y educadores sociales lo aconseja, a los adolescentes les aplican medidas cautelares de diverso tipo para proteger a los padres, como la separación del domicilio familiar, el internamiento, la convivencia en un grupo educativo o la libertad vigilada.

Tras la vista oral, esas medidas se amplían en el tiempo o se detienen si el Juzgado entiende que es posible de nuevo la convivencia entre padres e hijos. Una de las medidas (los términos pena o condena no se utilizan en la jurisdicción de Menores) es la libertad vigilada con cesión de la tutela a la Xunta, que envía al menor a un centro de protección. Eso va aparejado con la prohibición de aproximarse a sus padres.

En los juzgados aseguran que la convivencia en el centro educativo «da buenos resultados». En alguna ocasión, el juez intenta combinar esta medida con la acogida en familia. Se habla con los tíos o con los abuelos, así como con el menor, para tratar de que vivan juntos una temporada lejos de sus padres. La medida, casi siempre, funciona.

Varones

La mayor parte de los adolescentes que pasan por el juzgado de menores son varones, más del 80 %. Ya sea por agresiones, daños al mobiliario urbano, pintadas, hurtos, robos... Pero en los casos de violencia familiar, la balanza entre chicos y chicas se iguala. «No hay una etiqueta diagnóstica que se adecúe exactamente al fenómeno. Estos menores no tienen una patología definida. La mayoría suele tener un trastorno negativista desafiante y algunos estudios dicen que pueden sufrir un trastorno disocial o de hiperactividad, pero también es verdad que, al menos un 50 % de esos chavales, no tienen ningún tipo de diagnóstico», explica la psicóloga María González.

Esta profesional asegura que «hay menores que desde pequeños han sido problemáticos pero otros tienen un inicio marcado de una conducta violenta en la adolescencia; si bien es cierto que las agresiones físicas no surgen de repente. Si dejamos que la violencia suba de escalones más difícil será que se bajen luego», concluye.

 

Un equipo de psicólogos ayuda a la Fiscalía a buscar la mejor medida de reinserción

 

 

En la reunión de los fiscales especialistas en menores celebrada en mayo se ha examinado el funcionamiento y la coordinación existente con los centros de protección y de reforma de menores, así como con los equipos técnicos que trabajan con los jóvenes.

También se ha acordado reforzar la presencia de la Fiscalía en el Observatorio Galego da Familia e a Infancia con el nombramiento de un fiscal que se integrará en el citado órgano.

A la reunión con Fernando Suanzes asistieron la fiscala delegada de la provincia de Pontevedra, Encarnación Bullón; la de A Coruña, Beatriz Pacios; la de Lugo, Nuria Fernández, y el fiscal de menores de la provincia de Ourense, José Manuel Ucha.

Así funciona

En los procesos relacionados con menores las medidas que pide la Fiscalía están respaldadas por un equipo técnico del juzgado de menores que colabora con el fiscal en la investigación de los hechos. Este grupo está formado por psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas. Lo que hace es elaborar una propuesta orientativa, producto de un profundo análisis de las condiciones que rodean a la realidad familiar y social del menor, además de aquellos que pueda ayudarle. «El informe es orientativo y no vinculante, pero la Fiscalía suele tener muy en cuenta lo que dice el equipo técnico», explican fuentes del ministerio público. Una vez que el juez ha dictado sentencia «aquí les hacemos una entrevista para determinar qué programas concretos de apoyo son los más adecuados».

29

Delitos contra la libertad sexual.

Diez fueron agresiones y 19 abusos

240

Menores que cometieron delito

Un año antes fueron 261

185

Delitos de lesiones

Bajaron significativamente respecto al 2017 (264)

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