Las defensas del caso Mahía se quejan de que las acusaciones son «genéricas»

El tribunal decidió seguir adelante con el juicio pese a las peticiones de nulidad


Santiago

Han pasado 14 años desde que se empezó a escribir el primero de los más de 16.000 folios que componen el sumario del caso Mahía. Casi tres lustros que, en opinión de las defensas de los seis acusados de desviar el negocio de la inmobiliaria a otras empresas para perjudicar a uno de los socios, no han servido para nada. Y es que en la primera jornada del juicio solicitaron la nulidad de las actuaciones alegando que las acusaciones que han presentado la Fiscalía y el denunciante son «genéricas» y «de una inconcreción total», además de que incluyen cargos de los que no fueron imputados los encausados. Por ello, sostienen que se ha vulnerado el derecho de defensa de sus patrocinados, algo que el tribunal de la sección compostelana de la Audiencia Provincial en el que se celebra la vista no compartió y decidió seguir adelante con el proceso.

El principal acusado es Ramón López Casal, que el 13 de marzo de 1991 se hizo con un tercio de la empresa Mahía, que se había fundado el 27 de septiembre de 1989 y llegó a ser antes de la crisis económica una de las mayores inmobiliarias españolas. A él la Fiscalía le reclama doce años de cárcel por un delito continuado de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro societario. También se sientan en el banquillo Marcos y Pablo López Rodríguez ?hijos del anterior?, María Alicia Rodríguez Piñeiro, Pilar Encarnación Branco Illodo e Ignacio Rodríguez Peláez. Ellos se exponen a penas de nueve años y ocho meses de prisión. Además, a todos les reclaman una indemnización millonaria para el socio de la firma que denunció los hechos, Manuel Gómez Maroñas.

El tribunal rechazó parte de las peticiones de nulidad planteadas por las defensas y aclaró que en el caso de las demás se pronunciará sobre la cuestión cuando dicte sentencia, por lo que decidió no suspender el juicio, que ya fue aplazado hace seis meses cuando dos de los tres abogados de los acusados ?entre ellos el exmagistrado Carlos Bueren, que defendía a Ramón López Casal? decidieron renunciar a las defensas porque no lograron que sus defendidos llegasen a un acuerdo con el denunciante para evitar celebrar la vista oral.

La representante del ministerio fiscal negó las acusaciones de las defensas y llamó su atención respecto a que en los 14 años de instrucción nunca alegasen la supuesta indefensión planteada en la primera sesión del juicio. «No existe tal acusación genérica, porque hasta que no se practique la prueba no puede haber una calificación definitiva», explicó la fiscala, que además quiso dejar claro que se trata de una «causa muy compleja» y defendió su escrito de acusación señalando que los cargos son «provisionales» y que no es necesaria en este momento especificar todos los hechos de forma pormenorizada, algo que recordó que hará cuando presente su informe final. Por ello, la fiscala negó que existiese ninguna vulneración de derechos de los acusados.

En todo caso, recordó a los encausados que están acusados de desviar el negocio de Mahía a otras empresas que ellos crearon. Un total de 52 en las que iban intercambiando papeles de administrador, socio o apoderado. «Acusamos a todos de todo porque hubo un plan preconcebido», recalcó.

La vista se retomará el 6 de mayo con el interrogatorio de los acusados

 

 

Estaba previsto que el trámite de cuestiones previas no se resolviese en una única jornada y que fuesen necesarias otras dos citas esta misma semana para completarlo. No ha sido así, ya que el tribunal decidió resolver en el momento ?tras una pausa para deliberar?las peticiones de nulidad, que ha rechazado por el momento, por lo que la vista oral del caso Mahía ya no se retomará hasta el 6 de mayo. En esa jornada comenzarán las declaraciones de los seis acusados, que está previsto que se extiendan a los días 7 y 8 del mes que viene. Será en ese momento cuando las partes interroguen a Ramón López Casal, los hermanos Marcos y Pablo López Rodríguez, María Alicia Rodríguez Piñeiro, Pilar Encarnación Braco Illodo e Ignacio Rodríguez Peláez.

En la jornada del 8 de mayo también está previsto que testifique el denunciante, Manuel Gómez Maroñas, que lo hará en calidad de testigo. Después llegará el turno de los peritos que, como explicó la fiscala, «son el quid de la cuestión» en esta causa porque su testimonio será vital.

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