La Fundación Cela negoció la salida del gerente por haber el precedente de un despido nulo

El abogado que asesoró al acusado reiteró que Cavanna siempre exigió un mínimo de 150.000 euros por dejar la entidad


Santiago

La renuncia por parte de las defensas a la mayoría de los testigos citados ha condicionado la tercera jornada del juicio por la presunta malversación de caudales públicos en la Fundación Cela.

Entre los que finalmente no han tenido que declarar estaba el exconselleiro de Cultura, Roberto Varela, cuyo testimonio era ya innecesario tras la intervención previa de los que fueron los números dos de esa consellería, Jesús Oitavén y Antonio Fernández Camba, en la que confirmaron al tribunal que la Xunta conoció el pago de 150.000 euros como indemnización por despido del gerente de la entidad, Tomás Cavanna, y que la operación pasó todos los controles de los órganos de fiscalización autonómicos porque se ajustaba al motivo por el que se había ampliado la aportación económica que se había concedido a la fundación, que era ejecutar el plan de viabilidad. Y en ese saneamiento era indispensable la salida del gerente porque su sueldo, de unos 100.000 euros anuales, era demasiado elevado.

Esta indemnización es el único motivo del juicio que se celebra en la sección compostelana de la Audiencia Provincial. La Fiscalía entiende que el pago de esos 150.000 euros fue el resultado de un plan urdido por los cuatro acusados para beneficiar al gerente, que es uno de los procesados. Los otros tres son la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, Dositeo Rodríguez, exconselleiro de Presidencia, y su hija Covadonga, que es actualmente la directora en funciones de la fundación. La Fiscalía pide para ellos cuatro años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 150.000 euros a la Xunta que, sin embargo, no se considera perjudicada y ni tan siquiera se ha personado como acusación particular.

El que sí que declaró ante el tribunal fue al abogado laboralista que asesoró a Cavanna en su despido. El letrado explicó que no hubo pacto secreto y que la negociación fue la habitual en estos casos. El gerente tenía una gran fortaleza en esa negociación, ya que la entidad contaba con el precedente de un despido declarado improcedente en un juzgado de lo social compostelano que había determinado que la mala situación económica de la fundación no era una causa objetiva de despido porque la entidad contaba con un enorme patrimonio valorado en 12 millones de euros.

Así, el letrado dirigió esa negociación con dos premisas: no bajar de los 150.000 euros que el gerente reclamaba como mínimo para su indemnización y no aceptar un despido por causas objetivas. En ese contexto, a la Fundación no le quedó más remedio que aceptar las demandas de Cavanna porque ir a juicio suponía un riesgo elevado de fracaso. Por tanto, era más que probable que hubiese sido mucho más costoso para la entidad, porque tendrían que haberle pagado una indemnización de hasta 45 días por año trabajado, más de 200.000 euros, así como los salarios de tramitación y las cotizaciones a la Seguridad Social.

También declaró en el juicio Adolfo Sotelo Vázquez, catedrático en la Universidad de Barcelona, patrono de la fundación desde el 2012 y uno de los mayores expertos mundiales en la figura de Camilo José Cela. Él explicó que Tomás Cavanna, con el que llegó a tener una relación muy cordial, no tenía ninguna intención de dejar voluntariamente la fundación. No solo por el buen sueldo que cobraba y su cómoda situación laboral, sino porque tenía como objetivo estar en la entidad en el 2016, año en el que se conmemoraba el centenario del premio Nobel.

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