El Gobierno central rectifica y anuncia que Santiago sí contará con un nuevo juzgado de lo social
SANTIAGO CIUDAD
El Ministerio de Justicia da el visto bueno a otra en Vigo, pero mantiene su rechazo a autorizar la reclamada para Lugo
27 feb 2019 . Actualizado a las 09:47 h.Santiago sí contará finalmente con un nuevo juzgado de lo social. El Gobierno que preside Pedro Sánchez (PSOE) ha optado por rectificar su negativa a crear esta sala tras el clamor con el que Compostela respondió a su veto inicial, consensuando una posición unánime que unió a todos los partidos políticos de la corporación, además de a los colegios de abogados y procuradores y a la junta de jueces local. Todos se unieron para respaldar a la Xunta y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y lograr que el Ejecutivo central reconsiderase su propuesta para crear nuevos órganos judiciales en la comunidad.
El anuncio de la rectificación lo hizo el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, durante un acto que tuvo lugar en Santiago, en el que también confirmó que el Ministerio de Justicia sigue respaldando la creación de otro nuevo juzgado de lo social en Vigo y la creación de otro de primera instancia en A Coruña, que será el número 14 de la ciudad herculina. La enmienda de Madrid es, eso sí, parcial, porque Lugo se quedará este año sin poder contar con la sala de lo social que también solicitaban la Xunta y el TSXG. La alcaldesa de la ciudad de la muralla, Lara Méndez, ha pedido una entrevista con la ministra de Justicia.
Según Losada, Madrid ha tomado esta decisión tras «escuchar las demandas de la justicia gallega», pero censuró la posición del Ejecutivo autonómico en este asunto, que ha sido firme a la hora de exigir los nuevos juzgados de lo social para Santiago y Lugo. «La Xunta sabe perfectamente cómo es la metodología para adjudicar juzgados, que está perfectamente reglada y desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial. Se hace de acuerdo a las cargas de trabajo y a lo que piden las comunidades autónomas y el CGPJ», explica el delegado del Gobierno, que lamenta además las «elevadas cargas de trabajo que tienen ciertos juzgados en Galicia», algo que, en su opinión, «tiene que ver con la huelga más intensa y de mayor duración que ha tenido una administración pública en España», recuerda en relación al paro de funcionarios de Xustiza del año pasado.
Sin embargo, los datos estadísticos de cargas de trabajo sitúan a los juzgados de lo social de Vigo, Santiago y Lugo como los más saturados de Galicia, por encima de los de primera instancia de A Coruña que el Gobierno central sí ha optado por reforzar. Además, como ha reiterado el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, la decisión de apostar por reforzar este año las salas de lo social se debía también a los asuntos especialmente sensibles para el ciudadano que tratan estos órganos, en los que se dirimen reclamaciones por impago de salarios o bajas por incapacidad laboral, entre otros.
Colapso antes de la huelga
El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, no comparte las explicaciones de Losada, al que recuerda que los juzgados de lo social estaban colapsados antes de la huelga y que el paro no tiene nada que ver en su carga de trabajo. «Cada una de estas salas debe asumir 800 asuntos al año y ahora estaban entrando 1.200, esto no es por la huelga, que puede hacer que los casos tarden más en resolverse, pero no influye en que se registren, no tiene nada que ver», critica.
La Xunta sigue descontenta con la negativa a que Lugo también cuente con otro juzgado de lo social, decisión que también ha provocado numerosas reacciones contrarias en la ciudad. El decano de los abogados, Félix Mondelo, que ya la semana pasada había anunciado medidas de presión, mostró ayer el asombro de todo el colectivo de letrados. Hoy está previsto que la junta del colegio se reúna para decidir las acciones a emprender.
La necesidad de esta sala es evidente, ya que la espera llega hasta el 2023, según expresaron ayer algunos letrados lucenses. Dos de las tres salas, que para materias de tipo laboral y social tiene toda la provincia de Lugo, están muy atascadas y señalan los juicios con retrasos de hasta dos años. Esto quiere decir que cualquier persona que sea despedida, vaya a los tribunales y consiga la razón, tendrá que contar que tardará en cobrar unos cuatro años porque tendrá que esperar primero a que fijen el juicio, luego a que se redacte la sentencia y a partir de ahí esperar a que nadie la recurra.
