El Catastro destapa en Santiago 1.590 nuevas construcciones que eludían el pago del IBI

El grueso de las irregularidades detectadas son ampliaciones y cambios de uso


santiago / la voz

El Ministerio de Hacienda empezó en el 2013 a peinar la península en busca de bienes que estaban ocultos a ojos del fisco, inmuebles cuyos propietarios eludían el pago del IBI o abonaban una cantidad inferior al haber hecho reformas, rehabilitaciones o ampliaciones que no constaban a ojos del Catastro. En balance arrojó en Galicia un dato demoledor: casi medio millón de bienes inmuebles, de los cuales en Santiago y su comarca hay 33.089. En el caso del municipio compostelano se contabilizaron 1.590 nuevas construcciones ocultas, es decir, inexistentes a efectos tributarios: naves, almacenes, cobertizos, galpones, establos y hasta viviendas. Entre todas ellas representan el 13,8 % de los 11.527 inmuebles regularizados en todo el municipio santiagués. De esa cifra total, según los últimos datos actualizados por el Catastro, el 51,11 % son ampliaciones y rehabilitaciones, y el 33,21 % reformas y cambios de uso. Es decir, propietarios de bienes inmuebles que estaban pagando el IBI por debajo de lo que debieran. El 1,71 % restante se corresponde con piscinas. Hacienda ha descubierto en Compostela casi 200 piscinas ocultas.

Trabajo intenso

El Catastro tenía previsto concluir los trabajos de inspección el pasado de 1 de julio, pero tuvo que ampliarlo en 79 municipios gallegos durante seis meses. El volumen de irregularidades afloradas sorprendió incluso a los técnicos. Pero el conjunto de Galicia, y Santiago, con un enorme área rural, son un territorio propicio para hacer aflorar bienes ocultos, un espacio donde está arraigada la cultura del ir haciendo, y sobre todo, caracterizado por una enorme dispersión poblacional, lo que ha dificultado enormemente las labores de inspección. Con una extensión de más de 220 kilómetros cuadrados, además de la ciudad de Santiago, el municipio comprende 29 parroquias rurales: Aríns, Bando, Barciela, Busto, Carballal, O Castiñeiriño, César, Conxo, Eixo, Enfesta, Fecha, Figueiras, Grixoa, Laraño, Marantes, Marrozos, Nemenzo, A Peregrina, Sabugueira, San Caetano, San Fructuoso de Afora, San Lázaro, San Pedro de Afora, San Xoán de Afora, Sar, Verdía, Vidán y Villestro.

El plan de regularización que Hacienda empezó hace ahora seis años, y que ha dado ahora ya por concluido, tenía por objetivo luchar contra el fraude y la economía sumergida.

Para llevar a cabo la ardua tarea de hacer aflorar bienes ocultos municipio a municipio, el Catastro cuenta con un cuerpo formado por más de 2.300 trabajadores, que han desempeñado su labor con fotos aéreas (con drones, satélite y Google Maps) y con visitas al terreno.

Cuando del Ministerio de Hacienda detecta algún tipo de bien no registrado o una irregularidad de otra índole, la agencia regional del Catastro envía una carta al contribuyente para notificárselo. El ciudadano tiene 15 días para presentar un escrito de alegación y justificar la disconformidad. No obstante, el infractor de estas propiedades sin actualizar tiene que pagar una tasa de 60 euros y exponerse a los cargos que le puedan venir del respectivo ayuntamiento, administración responsable de recaudar los impuestos vinculados a los bienes inmuebles. Los propietarios de los bienes objeto de controversia, tal y como recomiendan los asesores, pueden adjuntar fotos que permitan demostrar el error en la valoración por parte de Hacienda.

Las notificaciones enviadas a miles de contribuyentes en Compostela y comarca han generado un profundo malestar social, al entender muchos vecinos que esas construcciones fueron notificadas a las autoridades urbanísticas de los ayuntamientos. Muchos creyeron que eso era suficiente a efectos fiscales, pero una cosa es la legalidad urbanística y otra la tributaria.

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