Las defensas alegan que las escuchas de la Trucarro fueron ilegales y piden la nulidad del proceso

El juicio por la presunta red de manipulación de cuentakilómetros en coches de segunda mano arranca en Santiago diez años después del inicio de la operación

Llega al juzgado el principal acusado, el alemán Johann Grimm, propietario del taller de Milladoiro (Ames)
Llega al juzgado el principal acusado, el alemán Johann Grimm, propietario del taller de Milladoiro (Ames)

Santiago

Más de diez años han pasado desde que se pusiese en marcha la denominada operación Trucarro en la que decenas de talleres y concesionarios de coches se vieron involucrados por manipular, presuntamente, los cuentakilómetros de vehículos que después eran vendidos de segunda mano. Un tiempo en el que muchos de los acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía aceptando penas menores e indemnizaciones a los perjudicados que les han librado de sentarse en el banquillo en el arranque del juicio que se va a celebrar en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La primera jornada de la vista oral se ha dedicado íntegramente a las cuestiones previas que han querido presentar las partes y las defensas han lanzado un órdago solicitando la nulidad de todo el proceso y que, por tanto, todos los acusados queden absueltos. Entienden que toda la investigación parte de unas escuchas telefónicas que no se realizaron de forma legal, por lo que todas las pruebas obtenidas con posterioridad están contaminadas. También han pedido a la sala que resuelva esta cuestión antes del próximo miércoles, cuando el juicio entre en su fase principal con los interrogatorios de los acusados.

El abogado del principal acusado, el alemán Johann Grimm propietario del taller de Milladoiro (Ames) que supuestamente daba el soporte técnico para trucar los cuentakilómetros, explicó que las escuchas fueron inicialmente autorizadas para dos procesos en Lalín y Pontevedra que nada tenían que ver con la operación, y que fue entonces cuando se detectaron las pistas que pusieron en marcha la Trucarro, pero que no se cumplieron los requisitos legales para hacerlo, una irregularidad que, a su juicio, contradice la doctrina del Tribunal Supremo que señala que «si la validez de la prueba depende de la legitimidad de fuentes de prueba de otros procedimientos deberá justificarse su legitimidad», señaló el letrado, Evaristo Nogueira.

Para el abogado, a cuyas objeciones se han sumado el resto de las defensas, «la prueba no puede obtenerse a cualquier precio» y pidió al tribunal que fuese «purista y garantista» para no vulnerar «el derecho de defensa, los derechos fundamentales y las libertades públicas», añadió.

Además de la nulidad de las escuchas, que comprometería todo el proceso, algunas defensas también solicitaron la nulidad de las entradas y registros de los talleres y también se llamó la atención sobre la posible prescripción de los delitos en alguno de los casos.

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