El Concello de Santiago triplica el plazo legal de pago a sus proveedores

Este año aumentó mes a mes su demora, que llegó a 87,5 días de media en octubre


santiago / la voz

Los déficits de gestión económica del Concello quedaron ratificados ayer en la comisión municipal de Facenda, donde el gobierno de Compostela Aberta presentó la cuenta general del 2017 que confirma la escasa ejecución presupuestaria, sobre todo en el capítulo de inversiones reales, en el que quedaron sin gastar ocho de cada diez euros consignados. También se traducen en el incumplimiento del plazo legal de pagos a proveedores, que no ha hecho más que crecer mes a mes durante este año, pasando de la media de 32,82 días registrados en febrero a 87,58 en octubre, lo que casi triplica los treinta días de tope que a partir del pasado mes de abril la Ley de Morosidad contabiliza desde el momento de la entrada de la factura, acabando con el margen de otros tantos días posteriores a su registro. En marzo, mes anterior a la aplicación de este criterio de control de la demora real, Raxoi había tenido un retraso medio de 39,94 días en el pago a sus proveedores.

En Galicia, solo la ciudad de Ourense presenta un peor balance que Santiago, ya que cerró septiembre con una demora media de 119,5 días. La capital gallega está a años luz de la agilidad en el pago que demuestran los gobiernos de las restantes ciudades, desde Lugo, la que presenta el mejor registro, 7,78 días, hasta Pontevedra, que cumple por poco, con sus 29,34 de media. Con Ourense y Santiago, la tercera incumplidora entre las siete grandes ciudades gallegas es A Coruña, aunque con un dato notablemente más presentable que el de Santiago: 33,61.

El gobierno de Martiño Noriega ha explicado recurrentemente esta gran morosidad del Concello de la capital de Galicia por los problemas de fluidez en la tramitación administrativa en una parte de los servicios económicos de Raxoi, que dieron lugar a una situación próxima a la de bloqueo. De ser así, los cambios introducidos al frente de la Intervención municipal a mediados de octubre, con el objetivo de agilizar la fiscalización de la gestión financiera del Concello, deberían notarse ya en el balance de los dos últimos meses del año.

Lastre para las empresas

Mientras tanto, Raxoi arrastra un lastre que tiene un fuerte impacto en las empresas suministradoras de servicios al Concello, a las que con frecuencia ponen en serios aprietos económicos. Los pagos pendientes al cierre de septiembre sumaban un importe total de 3.177.924 euros, mientras que el de pagos realizados ascendía a una cifra muy parecida, 3.154.322 euros.

Entre los ayuntamientos de la zona de Compostela, el capitalino es, con diferencia, el peor pagador, ya que los que presentaron balances incumplidores al cierre de septiembre -último dato publicado por el Ministerio de Hacienda para la totalidad de las administraciones públicas españolas- fueron los de Rois, Val do Dubra y Negreira, que con 33,90, 32,85 y 32,65 días de retraso medio, respectivamente, superan por poco el tope legal. Ya dentro de los treinta días de plazo, los que arrastran una mayor demora son los concellos de Trazo (28,06 días), Tordoia (27,79), Toques (22,92) y Santiso (22,64), seguidos por Boimorto (18,93), Melide (18,01), Arzúa (12,67), Vedra (12,16), Dodro (11,12) y Santa Comba (10,85). Los que pagan con mayor rapidez a sus proveedores en el área de Santiago son, por este orden, los de Boqueixón, con 1,93 días de media, A Baña (2,08), Touro (3,10), O Pino (3,98), Brión (4,44), Teo (5,04), Ordes (5,06), Oroso (5,63), Padrón y Frades, empatados con 6,02 días de media, y Ames (8,62).

«Opacidade e descontrol», según el PSOE

«Opacidade e descontrol». Son los calificativos empleados por el portavoz del grupo socialista, Francisco Reyes, para definir la gestión económica de Compostela Aberta a la vista de la cuenta general del 2017 presentada ayer por ejecutivo local a los grupos de la oposición en la comisión informativa de Facenda. Reyes valoró que este documento «non pasaría unha auditoría pública sen anotacións con serias advertencias», y lo argumentó indicando que después de tres años y medio de mandato, no se conoce el inventario de bienes, «polo que non se sabe o activo do Concello, quen o ten e quen o mantén». También cuestionó que la cuenta refleje una imagen fiel de la situación financiera del Concello compostelano.

El portavoz socialista puso al mismo nivel el gobierno de Martiño Noriega y el de Gerardo Conde Roa en lo que respecta a la regla de gasto, al criticar la reducción progresiva de la capacidad de ejecución presupuestaria, «que suporá unha hipoteca para o goberno que veña despois das eleccións de maio».

Al analizar los datos de la cuenta general, Reyes destacó que la ejecución global de los presupuestos fue casi cinco puntos inferior a la del 2016, ya que cayó del 79,75 al 75,21 por ciento, lo que demuestra que «imos a peor». El edil del PSdeG-PSOE cifró en 21 millones de euros la cantidad que el ejecutivo de Noriega dejó de gastar. «O goberno prefire deixalos nos bancos para amortizar unha débeda que nunca foi un problema para este Concello», afirmó. Respecto al retraso del pago a proveedores, añadió que a 31 de diciembre del 2017 la deuda era de 22 millones de euros, «mentres que en caixa había máis de 25: é dicir, que poderían pagar todo o adebedado, que sobre todo é a comerciantes e pequenos empresarios da cidade, e aínda quedaría partida».

Paco Reyes subrayó los más de 18 millones de dudoso cobro, y citó partidas en con cantidades significativas sin gastar, como 1,4 millones en asistencia social primaria, 950.000 euros para fomento del empleo o 854.000 para protección del patrimonio histórico.

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