Una familia gallega logra el derecho al voto para todos los discapacitados

Una nueva ley orgánica reconoce desde hoy el derecho para más de 80.000 personas


Desde hoy, todas las personas con discapacidad pueden votar en España. Así lo reconoce Ley Orgánica 2/2016, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, que modifica otra de 1985, del Régimen Electoral General, para garantizar ese derecho. Se beneficiarán de esta medida entre 80.000 y 100.000 personas en todo el Estado, según valoración del Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (Cermi). Esta era una vieja reivindicación del colectivo, que se agilizó desde el año 2014 gracias al impulso de la familia de Mara García Caamaño, del colectivo Down Compostela, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para conseguir ese reconocimiento.

Para el movimiento gallego de Down, y para Down España, es un momento importante. «Estamos contentos, porque se logrou un dos grandes obxectivos do noso colectivo, que era conseguir o dereito a votar. Foi unha mágoa que houbese que esperar tanto tempo», afirma Juan Martínez, presidente de la Fundación Down Compostela. Precisamente ayer comenzó en Santiago un encuentro de familias de personas del colectivo Down estatal, con más de 500 participantes de diversas comunidades. Aunque esperada, porque ya se había aprobado en las Cortes, la publicación de ayer en el BOE se ha convertido en el tema estrella de la reunión. Así se lo comunicaron además a Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, que acudió para la inauguración.

El texto legislativo admite que ese derecho consta en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo del 2008. Además, ya en septiembre del 2011, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España que revisase la legislación para hacer efectivo el derecho al voto del colectivo.

Pero no se hizo nada. En el 2014, la familia de Mara García Caamaño solicitó la prórroga de la patria potestad y la incapacitación parcial de esta joven compostelana. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, en septiembre del aquel año, se manifestó en contra de su derecho al voto. Posteriormente lo hicieron la Audiencia Provincial de A Coruña, en marzo del 2015; y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el 17 de marzo del 2016. Y después el Tribunal Constitucional. Fue entonces cuando decidieron llegar al citado Tribunal de Estrasburgo, que aún no falló.

La Asamblea de Madrid fue la primera Cámara legislativa que se sensibilizó sobre este asunto y apoyó las pretensiones de la familia de Mara. Suscitó asimismo solidaridad de la Fundación Down Compostela, que inició una campaña a su favor. Diversas entidades secundaron la iniciativa y presionaron para conseguir ese objetivo. Incluso la Fiscalía General del Estado había anunciado su posición a favor de la demanda. Entre los apoyos, el Cermi solicitó a la Defensora del Pueblo que presentase también recurso de amparo para conseguir dicho objetivo, que se hace efectivo ahora.

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«Foi un proceso moi longo», manifiesta Juan Martínez. La Ley Electoral modificada contempla en su artículo 3 que un juez se tiene que pronunciar sobre la capacidad de voto de las personas con discapacidad en situación semejante a Mara. Tras una evaluación por profesionales forenses, se decidiría si podría o no votar.

El presidente de Down Compostela destaca que este derecho se aborda mañana en el encuentro de familias de Santiago. Por la tarde, Lourdes González, la abogada de Mara y su familia, será ponente en una sesión sobre derechos y deberes de las personas con discapacidad. Hasta el domingo, abordarán además asuntos como el derecho al empleo, la vida en pareja o la vida independiente, entre otros.

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