El censo de pisos turísticos se acelera en pleno debate sobre su regulación

P. Calveiro SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

XOAN A. SOLER

Desde agosto se han formalizado una media de 125 plazas cada mes en Compostela

06 dic 2018 . Actualizado a las 22:25 h.

El catálogo de viviendas de uso turístico regularizadas en Compostela ante la Xunta ha pegado un acelerón en los últimos cuatro meses. Entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre se inscribieron más de 100 negocios de este tipo en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) que depende de la Administración autonómica, cuando en el trimestre anterior fueron poco más de medio centenar. El ritmo de formalización, ya sean nuevos pisos vacacionales u otros que funcionaban al margen de la ley, ha aumentado considerablemente y lo ha hecho en pleno debate sobre su regularización en la ciudad.

De media, desde agosto se han creado 25 apartamentos turísticos y 125 plazas al mes según el directorio turístico de la Xunta. Con ello, la cifra oficial de pisos vacacionales en la capital gallega se eleva a cerca de 480, acondicionados con unas 2.200 camas a disposición de los visitantes que lleguen a Santiago. Al margen de esta cifra quedan aquellas viviendas que funcionan de forma irregular. Según un estudio encargado por el Concello, se ofrecerían cerca de 4.000 plazas y habría centenares de negocios piratas, que se resisten a aflorar y a adaptarse a los requisitos fijados en el último decreto autonómico (en vigor desde mayo del año pasado).

Solo los pisos vacacionales registrados en el REAT ya suponen el 65 % de los negocios de alojamiento turístico que funcionan en la ciudad, si bien es cierto que su capacidad de ocupación es limitada y apenas representa el 16 % del total, dado que

Compostela cuenta con más de 13.800 plazas de hospedaje.

Traslado autonómico del veto

Aunque el veto local que limita el asentamiento de pisos turísticos en la zona monumental se ratificó el mes pasado a través de un acuerdo plenario definitivo, esta modificación puntual del Plan Especial (PE) de protección de la ciudad histórica no se ha trasladado de forma automática a la Administración autonómica. La Xunta seguía dando de alta hasta ahora en el REAT a negocios ubicados en la almendra a expensas de que el pleno tomase una decisión definitiva a este respecto.

El cambio definitivo quedó patente en el Diario Oficial de Galicia (DOG) hace hoy dos semanas. Pero, según explicó la concejalía de Turismo, se notificó el anuncio, no el texto del acuerdo en sí. Habría que esperar, por tanto, a que el mismo DOG publique el documento íntegro para remitirlo después a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para trasladar a todos los efectos esta modificación al Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia.

Hasta entonces, indica la Xunta, no se podrá estudiar en detalle el acuerdo municipal para adoptar las medidas que correspondan. Entre ellas, está en sus manos el decidir si se da el visto bueno o no al veto en el casco histórico compostelano y qué pasará con todos los pisos turísticos que fueron dados de alta en el registro autonómico y ahora podrían encontrarse en una situación irregular.

Los socios de Aviturga deciden recurrir el veto municipal en el casco histórico

Los socios compostelanos de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ya se han pronunciado sobre el veto municipal que limita este tipo de negocios en el casco histórico y han decidido, por unanimidad, adoptar medidas legales contra el Concello de Santiago.

La presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, explica que en este momento están en contacto con distintos bufetes de abogados para presentar un recurso contra la modificación puntual del Plan Especial adoptada con los votos a favor de Compostela Aberta (BNG y PSOE se abstuvieron; y el PP se opuso).

Aguín destacaba hace dos semanas que hay sentencias recientes contra ayuntamientos que han clausurado pisos turísticos, en las que se da la razón a los propietarios. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, contestaba entonces a Aviturga que respeta su decisión de acudir a la Justicia para defender sus intereses, al igual que a «nós tócanos defender os intereses públicos».