Un promotor intenta rescatar desde el 2010 sin éxito una casa okupada

José Luis Touceda, de la promotora Verde Urban Galicia, adquirió en el 2010 varias viviendas y fincas en el barrio de San Lourenzo. Pero lo que iba a ser un desarrollo urbanístico de lujo se convirtió en una pesadilla cargada de tintes surrealistas. Una de las casas compradas en el Rueiro das Figueiriñas estaba okupada por un número de personas indeterminado, ya que algunas veces la habita una, y otras, muchas más, según constatan los vecinos.

Hace ocho años, los nuevos propietarios acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para que se actuara con urgencia y se desalojara a los okupas. La solución no iba a ser tan sencilla. José Luis Touceda explica que la policía les indicó que el caso iría al juzgado y que, mientras no se resolviera, no podría intervenir. Aunque pensaron que sería cuestión de meses, ya han transcurrido ocho años y la okupación de su propiedad sigue sin visos de solución a corto plazo. Los promotores disponen de licencia municipal, pero no han podido intervenir al no haber sido desalojados aún los okupas.

En el 2015, harto de esperar una solución, Touceda interpuso otra denuncia con la esperanza de que se activara el caso. Tampoco tuvo suerte. Ahora, el promotor asegura que se ha decidido a contratar los servicios de un abogado para que se ocupe de mover el caso y conseguir materializar el desalojo. Su idea es construir dos casas pasivas, es decir, dos viviendas energéticamente autosuficientes. Este promotor lamenta que desde la asociación de vecinos del barrio se insinúe que no se preocupan de esas okupaciones, «porque llevamos mucho tiempo esperando una solución».

Uno de los problemas añadidos a la okupación de la casa es que el promotor no pudo hipotecar la propiedad, ya que los peritos no pudieron entrar en la vivienda para realizar una valoración. Ni siquiera fue posible «hacer fotos de la casa para conocer su estado inicial ni el actual», explica. Touceda calcula que, a simple vista, los daños causados en el inmueble rondan los 100.000 euros, sin contar los perjuicios derivados de no haber podido desarrollar el proyecto de urbanización en todo este tiempo.

El promotor inmobiliario revela que durante estos ocho largos años tuvo lugar un incidente grave que requirió la presencia policial, pero que, detalla, «terminó en nada; como siempre, no pueden entrar a desalojar mientras no lo diga un juez. No puedo entrar en mi casa, mientras no me lo diga un juez». Aquel incidente fue consecuencia de la concentración de un numeroso grupo de personas que impidieron abrir un camino desde unas casas que se están rehabilitando en la misma calle hacia la zona donde está esa vivienda okupada, en el Rueiro.

El gobierno local sostiene que no puede hacer nada en esa materia

La situación de las viviendas okupadas en el barrio de San Lourenzo escapa a las competencias del Concello de Santiago y, por tanto, la resolución de los conflictos generados entre los propietarios y los okupas corresponde al ámbito privado y el Ayuntamiento no puede actuar. Esta es la explicación que ofrece el concejal de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, ante las quejas suscitadas por la situación que vive el promotor de San Lourenzo. En el caso concreto de la caducidad de la licencia de obra, por la imposibilidad de actuar en el inmueble okupado, Duarte plantea que el promotor puede solicitar la prórroga de la licencia hasta que se resuelva el problema de la casa okupada.

Abandono del barrio

El promotor se queja del estado de «abandono» en el que se encuentra el barrio, y asegura que se requirió a los pasados y actuales responsables municipales para que actúen en la zona y adecenten tanto las calles y los accesos al río como los espacios de aparcamiento y el tendido eléctrico. José Luis Touceda señala que su promotora invirtió unos 4.000 euros en acondicionar escaleras y espacios públicos para mejorar el aspecto de las zonas comunes, ante la falta de actuación por parte del Ayuntamiento.

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