La Xunta exige una norma definitiva para poner coto a los pisos turísticos

Avala la intención de Raxoi de fijar límites, pero con las «ferramentas adecuadas»


Santiago / la voz

El Concello de Santiago está en disposición de poner límites a las viviendas de uso turístico que operan en casco histórico, pero para ello «deben empregar as ferramentas urbanísticas adecuadas sen carácter de provisionalidade», dice la Xunta, desde la que aclaran que hace falta una norma municipal definitiva para fijar un coto. Esto supone, en la práctica, que la aprobación inicial de la ordenanza urbanística de finales del 2016 a la que se refiere el gobierno local para impedir la apertura de nuevos pisos vacacionales no basta para frenar su proceso de regularización, según Turismo de Galicia.

Esta es la razón, indica, para que siga habiendo vía libre al registro de viviendas turísticas y no denieguen las altas en la zona afectada por el Plan Especial del casco histórico, como pretendía Raxoi. En todo caso, la Xunta confirma que está a la espera de que se formalice completamente el proceso normativo municipal que pone freno a este tipo de establecimientos en la zona vieja. Cuando lo haga, recuerda, el Concello santiagués estará en posición de «establecer limitacións no que respecta ao número máximo de vivendas por edificio ou por sector», de acuerdo al artículo 5.6 del decreto autonómico en vigor desde mayo del año pasado.

Con el aval, subrayan, de que en él se estipula que, aún habiendo el dueño cumplimentado debidamente la declaración responsable que da pie a la acreditación e inscripción de oficio en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, excluye a los que no reúnan los requisitos previos. Además, establece que su «habilitación para o desenvolvemento da actividade turística non exime ao propietario, persoa ou empresa que comercialice a vivenda da obriga de obter as autorizacións, permisos, licencias ou informes que se establezan as distintas normativas municipais».

Respaldo jurídico

Turismo de Galicia considera que no se le puede acusar de haber articulado un marco normativo «laxo» respecto a este tipo de negocios y la muestra es que la puerta que abre a su limitación por parte de los concellos le ha costado dos reclamaciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y recuerda que el de Galicia es «o único decreto autonómico avalado, en dúas ocasións e integramente, pola Xustiza» a raíz de dichos recursos de impugnación.

El Gobierno gallego insta, por tanto, al Concello de Santiago, a fijar una restricción no provisional, de acuerdo al marco legal establecido, al tiempo que subraya que su objetivo, «neste e en calquera outro caso, é que as decisións municipais nesta materia poidan ter o mesmo respaldo que acadou o decreto autonómico».

Sobre la situación de irregularidad urbanística que atribuye el gobierno local a aquellas viviendas de la almendra habilitadas por la Xunta para la actividad desde la primavera del 2017 pero que carecen de una autorización municipal específica, también se ha pronunciado la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia.

Esta defiende la legitimidad de dichos negocios, al entender que la norma urbanística no vincula a las viviendas de uso turístico, pues pertenecen a otra categoría fiscal, tal y como vienen reclamando en sus reuniones con el Concello. No obstante, esperan tener el próximo mes un nuevo encuentro y «se lo volveremos a manifestar», al tiempo que le reclamarán un estudio «en positivo» sobre el dinero que genera la actividad en la ciudad todo el año.

«No tenemos que pedir ninguna licencia de actividad especial en Santiago»

Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), insiste en que «no pueden meternos a todos en el mismo saco» y se opone a la limitación que busca aplicar Raxoi en el casco histórico. «No somos hoteles, pensiones o apartamentos turísticos y fiscalmente no se nos considera actividades económicas como estos, sino que tributamos como rendimientos de capital inmobiliario, como un alquiler convencional, pero de corta duración. Por tanto, no tenemos que pedir ninguna licencia de actividad especial». Esto obligaría a pisos que se alquilan a estudiantes por el curso y a turistas en verano a moverse en una doble normativa, dice.

«Nos adaptamos al decreto y estamos cumpliendo la norma autonómica, porque la Xunta es la que tiene competencias para legislar», añade Aguín, quien recalca que si algo comparten con Raxoi es su pelea por que desaparezcan los establecimientos irregulares.

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