Pisos turísticos dados de alta por la Xunta son ilegales para el gobierno de Martiño Noriega

Duarte recuerda que todos los negocios abiertos en el casco antiguo en los últimos dos años incumplen la norma urbanística

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Santiago / La Voz

A medio camino de ser legales. Así están todos los pisos turísticos del casco antiguo que, a pesar de haber regularizado su actividad a ojos de la Xunta, carecen de licencia municipal. De los más de 150 negocios dados de alta en el registro autonómico y afectados por el Plan Especial, solamente cumplen para el Concello de Santiago a efectos urbanísticos aquellos a los que concedieron una autorización previa a diciembre del 2016, cuando se aprobó la modificación del plan que rige sobre la zona monumental en base a la cual se impide la apertura de nuevos establecimientos turísticos. «A comunicación previa de Turismo non os habilita, porque o uso urbanístico non lles esta permitido», indica Jorge Duarte.

El concejal de Urbanismo explica que las viviendas de alquiler vacacional del casco histórico precisan de dos autorizaciones. Sus propietarios, al margen de tener que cumplimentar el registro y requisitos estipulados en el decreto autonómico -en vigor en mayo del año pasado-, «necesitan dunha licenza de carácter urbanístico municipal que di que se axustan ao planeamento». Y estas no se conceden desde comienzos del 2017, por «poñer en risco o seu carácter residencial, que é prioritario, pois é a razón de que a cidade fose declarada Patrimonio da Humanidade»

Aunque Duarte reconoce que lo ideal sería que desde ambas Administraciones se unificasen criterios, existe una falta de coordinación. El edil aclara que se mantuvieron varias reuniones con Turismo de Galicia, porque «ademais compartimos a filosofía de regular antes de que haxa un incremento excesivo». En ellas, dice, se solicitó a la Xunta que no ejecutase altas a negocios ubicados en la almendra, al contravenir una norma previa al decreto autonómico. Sin embargo, la realidad es que en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas cuatro de cada diez pisos en Santiago están emplazados en la zona afectada por el Plan Especial.

Con todo, el concejal subraya que es mejor tener una autorización a ninguna y este tipo de situaciones no son las que más preocupan al gobierno local: «Hai negocios na zona histórica que non declaran nin para a Xunta nin para o Concello, logo están os que teñen máis dunha vivenda, os establecementos de carácter hoteleiro que usan pisos para completar a súa oferta, ou bloqueo edificios enteiros para esta actividade, que é o caso máis grave».

Apenas cuatro expedientes

Frente a este fenómeno, Duarte reconoce que la capacidad de inspección urbanística del Concello se ve limitada por la falta de personal. Y, a pesar de que un estudio municipal sobre la situación en el 2017 estimaba que había más de 700 pisos en situación irregular en Santiago, hasta ahora solo apenas se han abierto unos cuatro expedientes y ninguno de ellos se ha cerrado todavía, pues se trata de «un proceso moi garantista». No obstante, el edil asegura que, al igual que los controles de tráfico, los urbanísticos no buscan dar con todos los infractores «porque non se pode», sino un efecto disuasorio.

El gobierno local sostiene que las impugnaciones de Competencia a otras restricciones no le afectan

La impugnación de otras normativas por limitar la actividad de las viviendas turísticas -como las de Madrid, Bilbao o San Sebastián- por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no roba el sueño al gobierno local. Sostienen que las actuaciones emprendidas desde el organismo estatal no afectan a sus restricciones en casco histórico de Santiago. En su caso, argumenta Jorge Duarte, no existe una regulación específica sobre los pisos vacacionales, sino una norma de tipo urbanístico cuya vocación, la de proteger el carácter residencial en la zona, ya se recogía en el planeamiento de 1995.

«Non estamos lexislando nin facendo regulacións que impidan os pisos turísticos. De feito, no resto da cidade non hai restrición e acóllese á norma autonómica», subraya el concejal, quien insiste en que en el propio decreto de la Xunta se contempla que los ayuntamientos establezcan límites. El propio TSXG desestimó recientemente el recurso de impugnación de Competencia al mismo, al considerar legítimo limitar la libertad de empresa en aras de un interés general, que «ha de prevalecer».

Duarte va más allá: «A Comisión Nacional excédese, porque por riba da libre competencia prevalece o ordenamento urbanístico, a protección do territorio e a capacidade dos concellos para lexislar e evitar a especulación, como di a Constitución». Y, sobre la recomendación de Competencia de recurrir a mecanismos fiscales para regular la actividad, el edil dice que en Santiago descartan tributos compensatorios, pues «o problema non é que paguen máis, senón frear un proceso de degradación que tiña como consecuencia o incremento exacerbado dos prezos do aluguer».

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