Recurren la gestión directa de la grúa y la ORA y piden la suspensión cautelar
SANTIAGO CIUDAD
El juzgado reclamó al Concello el expediente y decidirá si frena la municipalización
13 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago resolverá en las próximas semanas, previsiblemente en septiembre, la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo del pleno del Concello del 15 de marzo por el que se decidió municipalizar la ORA y la grúa. El juzgado admitió a trámite el recurso contencioso contra la gestión directa de ambos servicios y reclamó al Concello el expediente completo en el que el gobierno local respaldó su decisión. Los promotores del recurso, cuyo rostro visible es el abogado Carlos Abal, refuerzan sus argumentos refiriéndose a las recientes resoluciones judiciales contrarias a Zaragoza en Común respecto a la subrogación del personal para la prestación directa del servicio de atención telefónica de la capital maña.
El recurso contencioso y la solicitud de suspensión cautelar alude a las «interpretaciones jurídicas contrapuestas» que figuran en la memoria técnica de la municipalización de la ORA y la grúa de Santiago e incide especialmente en el informe contrario de la Intervención municipal relativo a la subrogación de los trabajadores de la concesionaria Setex Aparki, cuyo reparo suspensivo fue levantado con el voto de calidad del alcalde, Martiño Noriega, voto que de la misma manera permitió la aprobación del acuerdo de la gestión directa al producirse el empate entre los ediles a favor (Compostela Aberta y BNG) y en contra (PP y PSOE).
Precisamente la inseguridad jurídica referida a la subrogación de los cuarenta trabajadores de Setex y su paso a la plantilla del Concello fue puesta de manifiesto por la oposición municipal en aquel pleno. El reparo de la Intervención al que, entre otros aspectos del acuerdo de gestión directa, alude el recurso, se fundamentaba en la normativa estatal relativa a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.
La petición de suspensión cautelar se centra en la subrogación del personal por no ajustarse a la legalidad, según el recurso, pero también pone en duda que el Concello haya respetado otras cuestiones básicas para la gestión directa de ambos servicios. Argumenta que la memoria técnica no acredita con el suficiente nivel de exigencia legal que, municipalizándola, la gestión a través de Tussa resulte más eficiente y sostenible según criterios de rentabilidad económica y de recuperación de la inversión, así como de calidad del servicio y del empleo de los trabajadores que vayan a prestarlo.
Carlos Abal: «Me temo que va a derivar en un aumento de costes»
«Quiero que los servicios públicos sean sostenibles y eficientes, y me temo que la falta de sostenibilidad de este servicio va a derivar en un incremento de costes para los ciudadanos». Así, por un interés exclusivamente ciudadano, explica el abogado compostelano Carlos Abal Lourido la iniciativa de recurrir la municipalización de la gestión de la ORA y la grúa.
El letrado señala que en un acuerdo para asumir la gestión directa de un servicio, que conlleva el paso de una plantilla de una empresa concesionaria a ser personal municipal, tiene que haber una fundamentación «muy seria y muy rigurosa» de que es la alternativa más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, «y en este caso no la hay».
Carlos Abal justifica la solicitud de la suspensión cautelar de la municipalización, aplicada de forma efectiva desde el 15 de junio, porque de lo contrario se consolidaría y sería «difícilmente reversible».