El Valedor registra cada semana dos quejas contra los concellos del área de Compostela

Accesibilidad, servicios sociales y urbanismo centraron el malestar de los ciudadanos con sus ayuntamientos

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Santiago / LA VOZ

Los concellos concentran solo el 23 % de las quejas que se presentan anualmente al Valedor. Un porcentaje que no es elevado si se compara con las que provoca la Xunta, casi el 75 % del total. Aún así, durante el 2017 la defensora tramitó 3.734 protestas contra los ayuntamientos gallegos. En el área de Santiago cada semana los vecinos presentan una media de dos, hasta superar el centenar en total, 106. A la cabeza aparece Compostela, con 37 reclamaciones. Pese a tener muchos menos habitantes, Raxoi concentró más quejas que A Coruña (35), y sobre todo que Ferrol, en donde solo se presentaron 14. De hecho, por encima de este concello está Ames, con 19. Los otros municipios del área de Santiago presentan un número muy inferior. Padrón, el siguiente, registró siete.

No solo hubo quejas sino que la valedora tuvo que recordar en numerosas ocasiones a los ayuntamientos sus deberes legales. Ames y Padrón fueron los que recibieron más tirones de orejas -tres cada uno-; mientras que A Baña, Dodro, Oroso y Santiago recibieron un apercibimiento cada uno. No solo hay que cumplir la legalidad, sino que cuando el Valedor inicia una investigación es preciso remitir la información en plazo. Ahí Compostela fue la más perezosa, incumpliendo plazos en 11 ocasiones, y A Baña en 5.

¿Y por qué se quejan los vecinos? Fundamentalmente lo hacen de dos áreas, urbanismo y servicios sociales. Dentro de la primera la accesibilidad es un tema recurrente. Y también los ruidos. La propia defensora pone varios ejemplos. En Ames, la accesibilidad y la reserva de plazas para personas con movilidad reducida centró varias reclamaciones. Pero también en Santiago. Como en la reforma de la rúa Carreira do Conde. Los técnicos estudiaron el proyecto y subsanaron las deficiencias, admite el Valedor. Los ruidos siguen siendo objeto de quejas en Compostela, y el Concello no sale muy bien parado por las diligencias realizadas. Bares o cafés que funcionan como pubs, y terrazas que generan problemas a los vecinos.

Los recursos sociales, educativos y sanitarios también provocan el malestar del ciudadano, y aunque muchos son competencia autonómica, los concellos se ven implicados cuando no realizan debidamente algún trámite o cuando administración local y gallega se echan la culpa mutuamente. ¿Y qué tienen que decir los concellos? José Miñones, alcalde de Ames, el segundo que ha recibido más quejas, asegura que cuando llega la petición de información del Valedor se dan los pasos necesarios, aunque admite que en ocasiones apenas tienen tiempo, «el día a día es una vorágine y además el departamento al que se solicitan la mayoría de los informes es urbanismo, por lo que en ocasiones es difícil responder en plazo».

«Ni vienen al concello»

La figura del Valedor es útil para el ciudadano «si se utiliza bien», asegura Miñones. Y es que hay vecinos, lamenta, que acuden directamente a poner una reclamación ante el defensor «sin que nosotros tengamos ni siquiera constancia de que existe la protesta». El alcalde asegura que el ciudadano puede pensar que el hecho de ir al Valedor «le da más categoría a la queja que está presentando», cuando lo cierto es que la mejor opción es acudir primero al ayuntamiento, que es quien puede subsanar el problema, y recurrir después si no se solventa al defensor.

Más de un año por las discrepancias entre dos servicios del CHUS en el caso de una menor

 

 

La Administración gallega concentra la mayoría de las quejas y la sanidad absorbe muchas de ellas. Dentro de las que detalla la valedora, Milagros Otero, figura el caso de una menor diagnosticada de una infección microbacteriana atípica, en el que existe una supuesta discrepancia entre dos servicios del CHUS. Lo llamativo del proceso es que la defensora comenzó su tramitación en el 2016, se mantuvo en el 2017 y llegó el 2018 sin que estuviese resuelta. En varias ocasiones se solicitaron informes a la Consellería de Sanidade, ya que se apreciaban «contradicións» en la documentación que aportaba.

Por su parte, la USC recibió 71 quejas, una cifra muy similar a las universidades de Vigo y A Coruña, pero más positiva si se tiene en cuenta que estas dos instituciones tienen menos alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Más reclamaciones concentró la CIUG, 76, por la organización de las pruebas de acceso a la universidad.

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