El nuevo decreto de Vivenda evita que 46 familias tengan que dejar los pisos de Belvís

Son adjudicatarios con contratos anteriores al 2008 y que se veían abocados a dejar los inmuebles al llevar diez años en ellos


santiago / LA VOZ

Llegaron al barrio antes del 2008. Tenían menos de 35 años y cumplían los requisitos económicos que les permitían inscribirse en el Rexistro de Demandantes de Vivenda y, por tanto, optar a uno de los pisos sociales que la Xunta adjudicaba en Belvís. El proyecto era atractivo, y más en puertas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por una renta que oscilaba entre los 200 y los 300 euros mensuales, un adjudicatario podía emprender un proyecto vital en una zona privilegiada de Santiago, a un paso del casco histórico y del periférico. Pero las viviendas que impulsó Fraga y que el bipartito reorientó para su alquiler venían con fecha de caducidad. A los diez años, los inquilinos deberían dejar los pisos.

Esta situación generó un problema severo. Los jóvenes que habían recalado en la urbanización de la Xunta en Belvís en la segunda mitad de la década pasada desarrollaron sus proyectos de vida, formaron familias y, en definitiva, echaron raíces en el barrio. Con la norma en la mano, a esas familias la Administración autonómica debía pedirles en plena recesión que fueran buscando una nueva vivienda, porque los diez años de arrendamiento tocaban a su fin. No lo hizo, y no lo hará. El actual Ejecutivo canalizó la solución a través de un nuevo decreto de Vivenda que elimina el plazo máximo de 10 años de duración de esos contratos de alquiler social. Ese decreto se encuentra en la actualidad en fase de tramitación y la Xunta prevé que quede aprobado antes de que acabe este año.

Prórroga contractual

Por esa razón, la Consellería de Vivenda está prorrogando de forma automática los contratos de alquiler que cumplen los diez años, a la espera de la entrada en vigor del nuevo decreto que suprime esa condición. En todo caso, para esa renovación contractual que posibilita que los inquilinos puedan continuar en los pisos sociales, deben acreditar que cumplen el resto de requisitos de los adjudicatarios de viviendas de promoción pública.

Ese es el motivo por el que pueden perder el piso en el que viven en alquiler, porque el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no ha rescindido ningún contrato por cumplirse los 10 años desde su firma. En la actualidad hay 46 adjudicatarios con contratos anteriores a enero del 2008. Todos seguirán en Belvís.

Una urbanización de 70 viviendas con la firma de César Portela en la que el IGVS mejora el aislamiento

La urbanización de Belvís, que consta de 70 viviendas, es un proyecto de autor. El prestigioso arquitecto César Portela firma una propuesta que no tiene nada que ver con otros pisos sociales de la ciudad, más antiguos y que vuelven a estar de triste actualidad por el desplome de parte de las fachadas. Aunque los edificios de Belvís tampoco son impermeables al paso del tiempo.

De hecho, el Instituto Galego de Vivenda e Solo está realizando unas obras de remodelación en alguno de los edificios que permitirán mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de las viviendas, con una inversión de 466.000 euros. El Gobierno autónomo estima que esas reformas, que se centran en el refuerzo del aislamiento del edificio por la parte exterior de las fachadas, contribuirán a reducir al menos en un 20 % la demanda energética de los pisos, al eliminar los posibles puentes térmicos.

En cuanto al arrendamiento de esas viviendas sociales, el hecho de que ningún adjudicatario haya tenido que abandonar el piso en el que vive en Belvís al cumplirse diez años desde la firma del contrato no quiere decir que no haya rotación. El último movimiento ha sido el inicio del proceso para la adjudicación de siete pisos en régimen de alquiler. Se trata de viviendas que quedaron libres tras la renuncia de los anteriores adjudicatarios. Las condiciones para acceder a esos inmuebles, cuyos inquilinos serán seleccionados en un sorteo ante notario que se celebrará el día 24, son tener de 18 a 35 años, estar inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda (con ingresos ponderados de 1 a 3,5 veces el Iprem) y haber elegido como opción preferente Santiago.

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