La Xunta adjudicará siete pisos en alquiler en Belvís al renunciar otros beneficiarios
SANTIAGO CIUDAD
La urbanización consta de 70 viviendas sociales destinadas a menores de 35 años
25 mar 2018 . Actualizado a las 11:48 h.La Consellería de Vivenda adjudicará en régimen de alquiler siete pisos sociales a menores de 35 años en la urbanización que la Administración autonómica construyó en el barrio de Belvís y que dispone en total de 70 viviendas. Esta nueva tanda de adjudicaciones, que ha sido acordada esta semana por la Comisión Provincial de Vivenda, se habilita para cubrir aquellos pisos que quedaron libres tras la renuncia de sus anteriores adjudicatarios.
La adjudicación de esas siete viviendas de promoción pública se realizará a través del Rexistro de Demandantes en el que deben estar inscritas todas las personas que quieren acceder a un piso de protección, y por medio de un sorteo entre los inscritos en el mismo en la fecha de inicio del procedimiento.
Familias en riesgo de exclusión
La Comisión Provincial de Vivenda también aprobó la propuesta para la adjudicación directa de dos viviendas de promoción pública propiedad de la Xunta a sendas familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.
Los siete pisos objeto de la nueva adjudicación están en un edificio en el que se están ejecutando unas obras de remodelación para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de las viviendas. La Xunta calcula que esas reformas, en las que Vivenda invierte 466.000 euros, permitirán reducir al menos en un 20 % la demanda energética de los pisos. Los trabajos consisten en el refuerzo del aislamiento del edificio por la parte exterior de las fachadas, con un sistema conocido como «fachada sate». Este procedimiento, según destaca la consellería, permite incrementar de forma notable el aislamiento y eliminar los posibles puentes térmicos.
Concesiones abocadas a dejar paso a nuevos inquilinos cada diez años
Las 70 viviendas sociales de la urbanización de Belvís, un proyecto que lleva la firma del arquitecto César Portela, tienen un peaje para sus inquilinos en el plazo máximo de su ocupación en régimen de alquiler, establecido en diez años. Esto implica que, superado ese período, los inquilinos a los que les fueron adjudicados los pisos cuando tenían menos de 35 años se ven un decenio después en la tesitura de tener que dejar esos domicilios, cuando su situación personal y familiar, en la mayoría de los casos, poco tendrá que ver con la que tenían cuando accedieron a ellos. Muchos se ven abocados a dejar los pisos al no cumplir ya las condiciones económicas que propiciaron su adjudicación.