Los dueños de los 750 pisos turísticos ilegales pueden sumar multas por 7 millones

La Xunta iniciará las inspección y Raxoi aplicará los controles urbanísticos en una actuación coordinada de las administraciones


santiago / la voz

Los propietarios de viviendas de uso turístico que no hayan pasado por el registro autonómico no tienen otra salida que regularizar su situación o abandonar la actividad. Las administraciones autonómica y municipal están encima de los que utilizan los pisos o algunas habitaciones para destinarlas a fines turísticos, una vez que expiró el plazo de nueve meses concedido por la Xunta para legalizar su situación en las instancias de Turismo de Galicia.

El balance es preocupante. Apenas 250 de los 1.000 pisos de uso turístico detectados por el Ayuntamiento compostelano han sido dados de alta en el registro de la Xunta, lo que deja a tres de cada cuatro fuera de la ley. La Administración autonómica ha anunciado que iniciará de inmediato la inspección de las viviendas turísticas, una vez transcurrido el período antedicho, y que aplicará sanciones a los que funcionen ilegalmente.

Las multas oscilan entre los 900 y los 9.000 euros. Esto significaría un importe total máximo en sanciones, a tenor de las 750 viviendas detectadas por el estudio del Ayuntamiento como no registradas en Santiago, de 6.750.000 euros y un mínimo de 675.000 euros. De haber reincidencias, las multas pueden llegar a 90.000 euros por vivienda.

Esto en el ámbito de actuación de la Administración autonómica, porque el Ayuntamiento tiene su propia vía urbanística. Es decir, se trata de actividades que estarían funcionando con una licencia que no les corresponde. Y eso implica también un baremo sancionador de acuerdo a las circunstancias de cada caso.

Sin castigar dos veces

El tramo de multas va de 300 a 30.000 euros, es decir, una cuantía superior a la indisciplina turística. No obstante, el gobierno local cree que tiene que existir una coordinación entre el Concello y la Xunta para no castigar dos veces por el mismo hecho.

En todo caso, lo que pretende el Ayuntamiento es que no haya actividades que estén funcionando ilegalmente. «Interésanos o cese no uso que non corresponde», recalca el edil Jorge Duarte. Dentro de ese escenario irregular, la mayor preocupación para las instancias locales es la ciudad histórica. Raxoi comunicará a la Xunta las actuaciones que realice en este marco de control de pisos de empleo turístico.

4.000

Plazas en la ciudad

Son las plazas de alojamiento en 1.000 pisos uso turístico detectadas por el Concello.

9.000.000 €

Negocio

Es el volumen de negocio ilegal generado por los pisos de uso turístico al no pagar impuestos.

150 %

Porcentaje

Ritmo de crecimiento anual del número de pisos de uso turístico en Santiago. Solo 250 han regularizado su situación.

Visualización de la venta de alojamientos y una página web para recoger denuncias

El estudio encargado por el Ayuntamiento de Santiago, que será presentado en próximas fechas, ha puesto al descubierto la inquietante dimensión de un sector paralelo con 1.000 viviendas de uso turístico que suman 4.000 plazas, 450.000 noches adicionales y 9 millones de euros de negocio que burlan los impuestos.

Pero lo más alarmante es que se trata de un fenómeno turístico relativamente reciente que crece a un ritmo del 150 % anual, suficiente para que tanto el Concello como la Xunta pongan los ojos en esta situación y traten de encauzarla. El concejal Jorge Duarte agradece la decisión de la Xunta de inspeccionar esas viviendas y sancionar a los propietarios de las que funcionan fuera de la normativa autonómica. «O fundamental é coordinarse as dúas Administracións para que, cando se infrinxa, a Xunta exerza as súas competencias e nós colaboremos nese proceso», subraya el edil de Espazos Cidadáns.

A la par de la información recabada en el estudio que encargó, el gobierno municipal está estudiando los pasos a dar y las herramientas a aplicar para el control de esas viviendas, «de forma que coa mellora da inspección poidamos pasar de denuncias puntuais a un control máis exhaustivo», aclara Duarte. Insiste en la importancia de salvaguardar, dentro de este marco, el casco histórico.

Entre los instrumentos que tendrá entre manos el Concello está la visualización de la venta de alojamientos o de anuncios de particulares y la creación de un portal web para las denuncias de aquellos casos de uso ilegal. Al tiempo se están estudiando actuaciones contra las plataformas que oferten inmuebles que no pueden tener uso turístico y que incumplen la legalidad.

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