El Concello recibe en un año 199 peticiones de ayuda por pobreza

Asocia una mayor vulnerabilidad a la pérdida de prestaciones y a la falta de empleo


santiago / la voz

La Concellaría de Políticas Sociais ha tramitado 199 expedientes de ayuda en el primer año de vigencia de la Garantía Básica Cidadá, que contempla prestaciones para personas en situación de pobreza, vulnerabilidad social o exclusión. En 76 casos fueron solicitudes de apoyo económico. Los otros 123, de prestaciones de rescate social: 72 para cobertura de necesidad básica de manutención, alojamiento o contrato de nueva vivienda; 32 para afrontar el pago del suministro de luz o gas, y otras necesidades donde residen; y los otros 19 para gastos excepcionales, o relacionados con necesidades de salud, educación o dependencia y discapacidad.

De esos 199 expedientes, 124 se han resuelto favorablemente; 45 están en trámite; y 27 se denegaron o desistieron. Además, 141 eran de personas de nacionalidad española, 20 de países de la UE y 38 de otras procedencias. La mayoría, 129, fueron de mujeres y 70 de varones. La edad media de quienes solicitaron esas ayudas fue de poco más de 46 años. Así consta en el balance presentado recientemente en una reunión entre trabajadores sociales y representaciones del gobierno y de la corporación municipal.

Resalta asimismo que 58 de esas personas residían en la zona de Porta do Camiño y monumental. Le seguían 47 entre Fontiñas, San Lázaro y Sar; 34 entre Conxo, Castiñeiriño y Pontepedriña; 23 en el Ensanche; 21 entre Vite y la zona rural norte; 14 en la zona rural oeste y en San Lourenzo; y 2 fueron captadas en el Centro de Información da Muller, según la distribución atendida por el personal de servicios sociales. Una veintena eran personas sin hogar.

Esta iniciativa desde Raxoi ha contribuido a detectar un mayor número de personas que han perdido el derecho a prestaciones relacionadas con el desempleo, que han quedado sin trabajo y no reciben ninguna ayuda económica, o que trabajan en empleos muy precarios que no garantizan su subsistencia en buenas condiciones, explica la edila Concha Fernández. «A Garantía Básica Cidadá trata de garantir un mínimo vital a persoas que están por debaixo dos índice da pobreza, ofrece cobertura de necesidades básicas en situacións de emerxencia. E o persoal de servizos sociais que as tramita comproba como cada vez hai en Santiago máis persoas en situación de maior empobrecemento», manifiesta.

Entre las personas que contactaron con el personal de los Servizos Sociais municipales en busca de estas ayudas, se tramitaron otras prestaciones, que concede la Xunta, que es la Administración con competencias en la materia, indica Concha Fernández: «As axudas do Concello son subsidiarias, e moitas veces complementarias das autonómicas. Así, o persoal dos servizos sociais municipais detectou persoas que tiñan dereito a solicitar a Risga (la renta de integración social, o salario social, que concede la Xunta) ou outras axudas de inclusión. Iso explica que se incrementasen as axudas de Risga, de 167 a finais do ano 2014 a más de 300 na actualidade».

58

Extranjeras

De las 199 personas solicitantes, 58 eran extranjeras.

46

Edad media

El solicitante más joven tenía 19 años y el más viejo 75.

45

En trámite

Hay 45 expedientes pendientes de resolver (el 22,6 %).

«Non queríamos que houbese tantos casos e o que máis preocupa é chegar a tempo»

La edila de Políticas Sociais, Concha Fernández, admite que aún es poco el tiempo en que estuvo en vigor la ordenanza municipal que regula la Garantía Básica Cidadá para poder valorarla. En todo caso, manifiesta que «non queríamos que houbese tantos casos de xente con tanta necesidade en Santiago; e desde logo, o que máis nos preocupa é poder chegar a tempo para resolver esas situacións. Teríamos que chegar de inmediato e, a pesar de que melloramos, aínda non o conseguimos», afirma.

La respuesta media a los expediente ha superado los tres meses, que es el objetivo marcado para resolverlos. Aunque la edila señala que desde que entró en vigor la ordenanza, el 30 de septiembre del 2016, se tardó un trimestre en ponerla en marcha, y hubo demoras para que las personas solicitantes pudiesen aportar toda la documentación que se les requería. Además, el Concello ofrece otros recursos para cubrir necesidades básicas, en especial de escolares, señala.

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