Copasa se trae a Galicia su filial catalana ante la «inseguridad jurídica, financiera y normativa»

Pesa, que ha trabajado para Seat y Danone, es la primera sociedad que tras el 1-O traslada su sede social a la comunidad


Redacción

Primer impacto en Galicia del baile de empresas desde Cataluña. La constructora ourensana Copasa ha decidido traerse a Santiago la sede social de su filial en Barcelona Pesa Medioambiental. Es un movimiento promovido directamente por José Luis Suárez, máximo accionista de Copasa y a su vez administrador único de esa firma. La empresa registrará el trámite en los próximos días después de que lo decidiera el consejo de administración de Pesa aduciendo las dificultades que encuentra para poder operar. «La decisión se justifica por la situación de inseguridad jurídica, financiera y normativa abierta en Cataluña, y para garantizar el pleno desarrollo de la actividad operativa de la empresa a todos los niveles en un marco estable y sin incertidumbres», explicaba ayer la empresa en un comunicado.

La decisión, según las fuentes consultadas, llevaba una semana en fase de estudio y se terminó de concretar el fin de semana, tras comunicárselo también a la Xunta. La sede social pasará a estar en Santiago, en el polígono de Salgueiriños, en el mismo edificio de oficinas en el que opera Copasa. Pesa era, hasta ahora, la única filial del grupo que se encontraba fuera de la comunidad (al margen de las divisiones extranjeras). El acuerdo «optimiza la operativa de la empresa, que cuenta con certificaciones y homologaciones europeas en diversas áreas de especialización, y protege los intereses de la propia sociedad y de todos sus clientes, proveedores y empleados», explican desde la compañía.

La mudanza de sede no tendrá, al menos por ahora, impacto en el empleo. Esta firma tecnológica se dedica al diseño para la construcción de instalaciones de agua y cuenta con unos treinta trabajadores altamente especializados, que están en San Cugat del Vallés. En su último ejercicio facturó unos cinco millones de euros; fue un mal año, porque habitualmente se mueve en los 20 millones. Fue clave el descenso en la contratación del sector público, aunque el grupo se mueve muy bien entre grandes empresas privadas. La firma, fundada hace treinta, años en Barcelona ha realizado proyectos de depuradoras para Danone en sus seis fábricas o en los centros de producción de Seat en Martorell y en la Zona Franca de Barcelona. Entre sus obras más recientes destacan la construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Ourense y de Burgos.

Pesa fue adquirida parcialmente por Copasa -compró un 55 % del capital- en el 2006. Entonces era una filial de un grupo alemán, Passavant. En el 2012, la firma ourensana se hizo con el resto de las participaciones.

El caso de Pesa es el primero tras el referendo ilegal del 1 de octubre de empresas que se vienen a Galicia desde Cataluña. Lo cierto es que el flujo entre estos dos territorios es bastante limitado. Según datos de la agencia Informa, que los toma del Registro Mercantil, en el primer trimestre del año unas cuatro firmas gallegas se habían ido a Cataluña y habían hecho el camino inverso cinco. Saldo positivo, igual que en el 2016 y en ejercicios precedentes (con la única excepción del 2015). Ahora bien, ninguna hasta la fecha había revelado su identidad.

La huida de empresas reduce de forma drástica la recaudación de la Generalitat

sofía vázquez
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet (derecha), en la manifestación de Barcelona.
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet (derecha), en la manifestación de Barcelona.

Las grandes compañías catalanas afrontan una semana crucial por el reto soberanista

Sabadell, CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Abertis.... Ante el aluvión de grandes compañías, en algunos casos multinacionales, que estudian, ultiman o ya han anunciado cambiar su domicilio social fuera de Cataluña, surge una primera duda: ¿Qué efectos tiene esa decisión? Muchos.

Primero: demuestra un temor a que el presidente Puigdemont y su equipo decidan declarar la independencia y, a partir de ahí, comiencen a reclamarles impuestos. Segundo: este supuesto demoledor conllevaría que detrás de la sede social se iría la sede efectiva de la actividad, lo que se traduciría en el traslado de miles de puestos de trabajo a Madrid, Alicante, Valencia o cualquier otra ciudad elegida en España. Tercero: hay expertos que consideran que, aunque no se produzca la independencia, el cambio de sede social conlleva, con el tiempo, el traslado de ciertos órganos de decisión, además de generar un efecto bandera, entendido por la importancia que en materia económica se le da al número de empresas que se asientan en el territorio. Cuarto: con un cambio de la sede social, cualquier deseo independentista se queda sin la posibilidad de tener una fuente importante de financiación.

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