Diferencias entre vecinos retrasan la instalación de ascensores en viejos edificios

Casi un 40 % de los edificios de las ciudades gallegas, sobre todo los construidos hace más de veinte años, carecen de ascensor. Como ocurre en el barrio compostelano de Pontepedriña, en la mayoría de los casos, esas viviendas fueron adquiridas por matrimonios jóvenes que no pensaron en el problema al que se iban a tener que enfrentar cuando fuesen mayores y no pudiesen subir las escaleras. Pero ese momento ha llegado, y muchos inquilinos de aquellos pisos, la mayoría sin capacidad económica para mudarse a otro más moderno y con mejores servicios, se ven a menudo encerrados entre cuatro paredes, sin poder salir a la calle, con todo lo que ese aislamiento conlleva. Como el padre de Fran, de Pontepedriña, que ya no puede caminar y solo sale de casa cuando tiene que ir al médico y lo recoge una ambulancia.

No es un caso aislado. La mayoría de los edificios de los barrios compostelanos que crecieron a finales de la década de los 70 están en esa situación. Entre Pontepedriña, Vista Alegre, Conxo y las calles del entorno de la avenida de Lugo, los afectados se cuentan por miles.

Las comunidades de vecinos afectadas están haciéndole frente al problema, y ya fueron muchas las que instalaron ascensores a costa de espacios comunes; casi siempre, el patio de luces. Pero poner de acuerdo a todos los propietarios no es fácil. A menudo, los que viven en los bajos, que no se sienten afectados, y los que residen habitualmente en otro lugar, se niegan a hacer frente a una derrama cuyo coste puede ir desde los 30.000 a los 100.000 euros.

Las administraciones son conscientes del problema y desde hace unos años subvencionan la instalación de ascensores. La Consellería de Vivenda hará públicas en las próximas semanas las ayudas convocadas a tal fin, que pueden cubrir el 60 % de la actuación, con un máximo de 40.000 euros para viviendas unifamiliares o edificios de hasta cuatro viviendas y de 30.000 euros en los inmuebles con más apartamentos.

El Concello de Santiago tiene previsto complementar esas ayudas cuando se convoquen, pero además, pensaba destinar una parte de los fondos Edusi a tal fin. Sin embargo, parece ser que las ayudas europeas no pueden utilizarse para subvenciones, por lo que finalmente se destinará una parte del 20 % que la administración local tiene que aportar a ese plan para colaborar en el coste de la instalación de ascensores en viviendas antiguas.

La convocatoria saldrá, probablemente, en el mes de septiembre, coincidiendo con las de la Xunta. En todo caso, las de Raxoi, cuyos técnicos están redactando las bases, serán exclusivamente municipales y se destinarán a aquellos inquilinos que justifiquen la falta de ingresos para asumir el gasto que les corresponde cuando su comunidad de vecinos apruebe la instalación de ascensores.

Casos de necesidad

El año pasado, la administración local solo tramitó cinco solicitudes para la instalación de ascensores en Vista Alegre. La lentitud con la que se están aprobando esas infraestructuras tiene que ver, casi siempre, con la dificultad para poner de acuerdo a todos los vecinos del inmueble afectado. En todo caso, tal y como indicó hace unos días Heriberto García, director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, siempre que se dé un caso de emergencia social ratificado por la administración local, se puede proceder a la expropiación del espacio necesario para instalar el ascensor comunitario.

Belén Escudero: «Contraté una abogada porque tengo derecho a que lo pongan»

Belén Escudero hizo hace dos meses una desesperada llamada de socorro. Vive en Conxo en un tercero sin ascensor, por lo que se ve obligada a gastar 40 euros diarios para acudir a rehabilitación o para cualquier otra gestión que tenga que hacer fuera de casa, ya que necesita de la ayuda de personal especializado para solventar con su silla las escaleras que la separan de la calle. Una barrera insalvable que desaparecería con la instalación de un ascensor, pero sus vecinos no quieren. «Pides demasiado», le dijeron en su día.

Ni siquiera la denuncia pública surtió efecto. Sus vecinos no se dieron por enterados. «La mayoría de ellos no viven aquí, así que les da lo mismo». Belén, con 48 años y una movilidad muy reducida, se ha visto obligada a contratar a una abogada que ya tramitó casos semejantes. «No tiro la toalla porque tengo derecho a poner el ascensor», asegura. La posibilidad de que el suyo se tramite como un caso de verdadera necesidad la anima, y piensa hacer la solicitud tanto a la Xunta como al Concello, dado de que tiene que ser la administración local la que avale ese caso de urgencia para que la Xunta apruebe la expropiación forzosa del espacio común en el que se puede instalar el ascensor. A Belén le cambiaría la vida.

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