El redoblado esfuerzo del Concello de Santiago por perseguir a los conductores con tecnología de control de infracciones está dando frutos. Sí, sobre todo en la boyante contabilidad de la concesionaria del mal llamado «servicio» de recaudación de multas. De cada diez euros que usted, conductor desaprensivo, paga si le cazan en cualquier infracción, tres irán a las arcas de la concesionaria. Y dé gracias, porque la generosidad de aquel gobierno le permitía quedarse hasta un 38 % de lo recaudado. En esa ocasión (año 2012) quedó claro, porque así lo revelaron unas conversaciones telefónicas captadas por una jueza, que los fotorrojos iban a ser, primero, un instrumento de recaudación, y después, y solo después, un factor de seguridad vial. Cambiaron las siglas del gobierno local, el actual bendijo la iniciativa y situó el gran hermano sancionador en Romero Donallo, Praza de España y Amor Ruibal. Y se cumplieron las expectativas: en el 2016, Santiago pasó a ser la ciudad gallega más castigada por las multas. Pero la seguridad vial no ha mejorado. Este primer trimestre está batiendo récords de atropellos de peatones, y solo podemos felicitarnos de que tanto accidente se haya saldado, afortunadamente, hasta ahora, sin víctimas mortales. Como el gobierno local difícilmente va a dar marcha atrás en su voracidad sancionadora, debería llegar a la conclusión de que sería mejor aplicar su afán municipalizador de servicios al de la gestión de multas. Así, al menos, lo que pagan los sufridos vecinos revertiría íntegramente en su ciudad. Para invertir en mejor señalización y otras medidas de seguridad en los pasos de peatones. Por ejemplo.