Alertan del posible coste para el Concello de su boicot a las instituciones israelíes

Varios fiscales consideran que la decisión es discriminatoria


santiago / la voz

Los dos procesos interpuestos contra el Concello de Santiago por haber declarado el boicot a Israel y sus instituciones y representantes de proyectos agrarios, educativos, comerciales, culturales o de seguridad, podrían ser condenatorios si se sigue la línea jurídica que ha fallado en los más de 50 casos precedentes.

La organización Acción de Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) mantiene que el desenlace de ambos procesos lleva camino de la amonestación, como ya ocurrió con el Ayuntamiento de Langreo. Varios fiscales sostienen que estos boicots suponen una discriminación por razón de origen nacional, étnico, religioso, circunstancias personales o sociales, así como una campaña pública de hostigamiento.

Según el artículo 103.1 de la Constitución se obliga a la Administración a servir con objetividad los intereses generales, es decir, la obligación de neutralidad política a los entes locales.

El Fiscal rechaza que el acuerdo de boicot sea un acto político que no pueda ser sometido a los Tribunales, pues los acuerdos de boicot tienen claros efectos legales y compromisos materiales.

Las mociones de apoyo a la campaña de la organización BDS, similares a la aprobada por el Pleno del Concello de Santiago, han sido recurridas en todo el Estado desde el pasado mes de noviembre. Queda esperar la decisión judicial para ver si será revocada o no.

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