Pilar de Lara abre diligencias previas en relación a los contratos de Unika

Requiere al Concello, adonde volvieron los aduaneros, toda la documentación existente


santiago / la voz

La jueza que instruye el caso Pokémon, Pilar de Lara, ha dado nuevos pasos en la investigación de presuntos delitos de tráfico de influencias en la actuación del exjefe de gabinete de Gerardo Conde Roa en el Concello de Santiago, Ángel Espadas, y la empresa constructora compostelana Unika. Con ese objetivo se presentaron el pasado viernes en el Pazo de Raxoi agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, que a las órdenes de De Lara actúan en funciones de policía judicial. En diferentes servicios municipales, desde Urbanismo hasta Contratación, los funcionarios de Aduanas recabaron todo indicio documental de las relaciones de la empresa con sede en Pontepedriña con el Concello, en especial sobre la adjudicación de obras.

Después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ordenara el pasado 16 de mayo ampliar las investigaciones en torno a Unika, un nuevo auto firmado por De Lara el 15 de junio desgrana en detalle las relaciones entre el administrador de esta empresa, Francisco Sánchez Varela, y Ángel Espadas a través de la grabación de sus frecuentes conversaciones telefónicas. A raíz de un nuevo informe de Aduanas sobre dichas relaciones, la magistrada acordó la incoación de diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias. No obstante, estas diligencias serán materia separada del caso Pokémon, en el que ya estaba implicado Espadas, porque «no parece existir relación ni conexión alguna con los hechos investigados en tales actuaciones», referentes a las empresas Vendex y Aquagest. Por este motivo, se abren nuevas diligencias previas y se deberá resolver sobre el partido judicial competente, ya que -indica De Lara- presuntamente se habrían cometido actuaciones ilícitas en distintos territorios, fundamentalmente en Galicia y Madrid.

En el punto de mira están todos los contratos de Unika con diferentes administraciones y empresas públicas, como Tragsa, los concellos de Santiago, Padrón, Val do Dubra, Vigo, Palas de Rei, Laracha, A Estrada, Sada, la Comunidad de Madrid y diversos ayuntamientos madrileños, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, la Axencia Galega de Infraestruturas, Paradores de Turismo y la Jefatura Central de Tráfico. Las adjudicaciones de obras a Unika con estas administraciones han sido rastreadas por Aduanas y plasmadas en un nuevo informe.

En este segundo auto centrado en la constructora compostelana, la jueza reseña conversaciones telefónicas de Espadas referidas a distintas administraciones y empresas públicas (estas son principalmente Tragsa y Paradores de Turismo, en relación presuntamente al interés de Unika en el proyecto del parador de Muxía), y corresponden al período entre finales de abril del 2012 -Ángel Espadas dejó el Concello de Santiago coincidiendo con la dimisión de Conde Roa, el 17 de abril- y finales de noviembre de ese mismo año.

Durante dicho período, Espadas habrían desplegado una intensa actividad en defensa de los intereses de Unika ante el Ayuntamiento de Santiago, entre otros, para acceder a la contratación de obra pública, según las pesquisas de los aduaneros. El auto judicial vuelve a incidir en la relación contractual existente entre Unika y Ángel Espadas, que este nunca ocultó. No obstante, la jueza se remite a las conversaciones telefónicas pinchadas para apuntar que inicialmente Aquagest «tuvo la intención de contratarlo con la finalidad de facilitarles contratos con las administraciones públicas, pero según parece, para que no resultara tan descarado, surgió la idea de su contratación por Unika, a la cual Aquagest pagaría sus emolumentos y comisiones».

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