En el fragor de la batalla electoral se habla mucho de la política del cambio o del cambio de las políticas, pero muy poco de los problemas reales de los ciudadanos. Lejos queda ya el recuerdo de aquellos años en los que los dirigentes municipales cortaban la cinta de inauguración de equipamientos varios, tales como pistas deportivas, piscinas, guarderías, entre otros, cuando el bum del ladrillo proveía de dinero a raudales sus arcas. Desde entonces hasta ahora, los gobiernos locales han sufrido un ayuno obligatorio, marcado por un fuerte corsé que ha ido apretando el Gobierno central, viéndose afectado también parte del andamiaje social que sustentaban.
Generalmente, las grandes crisis son aprovechadas para ejecutar importantes reformas, aunque parece que en este caso no ha sido así. El problema local no pudo o no quiso resolverse en el año 1978 y tampoco se ha hecho ahora. A pesar de la idea de racionalización de la Administración pública que se ha defendido, parece que las rentas de situación de los políticos han estado por encima.
El diseño institucional español, que responde a un esquema cuasi federal, mantiene las diputaciones provinciales, los municipios, a la vez que da prioridad a las comunidades autónomas. Esta convivencia institucional refleja una tensión entre la eficiencia económica y la democracia local, alimentada por la pequeña dimensión de los entes y la asunción de funciones y tareas que no les son propias, y cuyos recursos ordinarios resultan insuficientes. El ciudadano rural contempla atónito que su municipio no puede financiar los bienes y servicios que demanda; ni el residente en una gran ciudad es capaz de decidir sobre asuntos que superan los límites administrativos de su jurisdicción, acabando por provocar problemas de eficiencia.
Urge pues, una reforma de la hacienda local, comenzando por definir el papel de las diputaciones provinciales, que bien podría ser asumido por las comunidades autónomas, y profundizar en la cooperación -o la fusión llegado el caso- para la prestación de servicios supramunicipales, de tal manera que se puedan apagar incendios, recoger y tratar los residuos sólidos y planificar económicamente territorios amplios, sin que esto redunde en nada más que en un mayor bienestar para los ciudadanos.
En caso contrario, si no abordamos pronto estos temas de reconstrucción administrativa y financiación, las entidades locales seguirán decayendo y debatiéndose entre lo que fueron antaño y lo que quieren llegar a ser en el futuro.
María Cadaval es profesora de economía aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).