Normalidad municipal por error judicial


No hacía falta la rigurosa ecuanimidad del presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Ángel Pantín, para contrastar la certeza de que cualquier parecido entre el Concello de Santiago y la cueva de Alí Babá nunca fue otra cosa que artillería de escaso calibre para alimentar interesadas batallas partidarias. Sin hechos concluyentes, el de la corrupción no es argumento que compren con facilidad en una campaña electoral los ciudadanos, hastiados de que la política sea un espacio de combate permanente y no de discusión constructiva en busca de soluciones a sus problemas. Por eso, no cabe esperar que la corrupción ocupe un espacio central en la carrera hacia las urnas, aunque algunos, como los asociados en Compostela Aberta, tengan su embrión fundacional en las movilizaciones a las puertas del pazo de Raxoi al grito de «Santiago de corruptela». Esa razón de ser cala en los propios forofos y poco más si no fructifica -no es el caso- en propuestas programáticas con alternativas reales.

Las resoluciones judiciales que tumban otras anteriores y exoneran de responsabilidades a Paula Prado y a los siete concejales que fueron inhabilitados por prevaricación permiten al PP soltar lastre y presentarse como víctima de errores de jueces que tienen nombre y apellidos. Podrá, si no acallar, al menos bajar el tono de quienes, en busca de réditos electorales, insistan en identificar su gestión en el Concello con un pozo negro de corrupción. Porque es verdad que en Raxoi han pasado muchas cosas feas, muy feas, desde que un alcalde llamado Gerardo Conde Roa convirtió en delito fiscal su autodestructivo caos personal y abrió así una deriva catastrófica del gobierno municipal, producto de una crisis interna pésimamente gestionada desde el minuto uno y agrandada más y más por la absoluta falta de liderazgo de Ángel Currás y su incapacidad para unir a un grupo fracturado y arrastrado por la incompetencia de quienes lucían los galones.

Que se sepa, nadie entre quienes tenían o aún tienen responsabilidades políticas en el Concello metió la mano en la caja. No deberá extrañar que decaiga en el caso Pokémon la imputación que le queda a Currás por tráfico de influencias -los supuestos enchufes-, o las de Adrián Varela y Rebeca Domínguez. La de Albino Vázquez, duramente tratado por De Lara, le pinta peor. La convivencia con un edil con maneras de otra época como Juan de la Fuente -condenado por falsedad documental- no puede ocultar que entre los injustamente inhabilitados hace diez meses había concejales significados por su buen hacer, y voy a destacar al menos a María Castelao y a Cecilia Sierra. La sentencia exculpatoria que, recuérdese, incide de forma expresa en que había base para que los siete se sentaran en el banquillo, no puede desenfocar el meollo de la cuestión: ¿es de sentido común que se pueda plantear el pago con dinero público del abogado de un imputado por delitos de corrupción?

Fue una torpeza clamorosa. Como no hubo mala fe, no prevaricaron. Lo pagaron en grado sumo, con responsabilidades penales injustas, y por eso la sentencia podría tener otra lectura: la del perdón. ¿Hasta el punto de ser rescatados para la lista electoral de Hernández? Salvo alguna posible excepción, será difícil: el actual alcalde querrá dar carpetazo a ese pasado desastroso para la ciudad. Ya lo dijo Fran Noya, uno de los ahora absueltos: «Lo único positivo de todo esto es que provocó la llegada de Agustín». No le falta razón. Lástima que fuera tan tarde.

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