Los técnicos condenados trataron así sin éxito de eludir la prisión
14 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El caso Montebalsa no acaba de morir pese a que ya fue juzgado por la Audiencia Provincial y que el Tribunal Supremo confirmó las penas de tres años de cárcel que se impusieron al exarquitecto jefe del Concello de Santiago, Tomás Rivas Llavero, y a un aparejador municipal, Isidro Mendoza Rivero. Ambos técnicos han tratado por todos los medios de evitar su ingreso en prisión. Su último intento ha sido una denuncia por falso testimonio contra tres testigos que declararon en la vista oral. No lo han logrado. Isidro Mendoza ya cumple condena en el penal de Teixeiro y Tomás Rivas no lo ha hecho todavía porque ha logrado un aplazamiento al tener que someterse a una operación médica.
Los testigos a los que han denunciado por falso testimonio son un funcionario del servicio de Contratación del Concello, Román Otero; el exconcejal del PP en Raxoi, Ángel Espadas; y el empresario de la construcción Antonio Ramos. Los dos técnicos condenados adjuntaron esa denuncia en su último recurso ante el Supremo para evitar su ingreso en prisión.
El alto tribunal rechazó sus pretensiones y les recordó que los testimonios de los testigos no fueron determinantes para su condena, sino que su implicación en los hechos se basó en las pruebas documentales. La sentencia estimó probado que el arquitecto y el aparejador municipal falsearon un cedé en el que figuraba la documentación del concurso de la obra de reforma del polideportivo Quiroga Palacios, enmarcada en el Plan E. La intención de Tomás Rivas e Isidro Mendoza fue favorecer a la empresa constructora Montebalsa y hacer que la junta de gobierno le otorgase los trabajos pese a que quien tenía la máxima puntuación era otra firma: Construcciones en Piedra Sigrás SL (CPS).
La denuncia la firman ambos técnicos y en ella incluye también a la que fue abogada del Partido Popular -como acusación particular- en el juicio, Belén Hospido. Se basa en unos informes elaborados por el Servicio de Vigilancia Aduanera tras las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo con motivo de las investigaciones del caso Pokémon. En ellas, los denunciados hablan de los hechos y, según los extécnicos municipales, concertaron sus declaraciones previamente y no dijeron la verdad para perjudicarles.
El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, que ha notificado su existencia a los tres testigos y ha llamado a declarar a los técnicos condenados. Tomás Rivas ya lo ha hecho e Isidro Mendoza lo hará próximamente por videoconferencia desde la prisión. Por el momento no hay imputaciones y Ángel Espadas ya ha recurrido solicitando el archivo de la denuncia, que estima falsa y que atenta contra su honor.