Las dificultades para renovar el gobierno ponen en entredicho el plan B de la discordia
SANTIAGO CIUDAD
Las dificultades con las que se está encontrando Ángel Currás para cerrar su nuevo equipo, ya sea tirando de lista o recurriendo a técnicos con conocimiento de las áreas de gestión que ha de repartir de nuevo, evidencian que no había el Plan B -o si lo había se ha quedado en el tintero- que proclamó su mano derecha, Reyes Leis, justo el día en que la primera teniente de alcalde se quedó prácticamente sola en el pazo de Raxoi mientras sus compañeros de junta de gobierno se sentaban en el banquillo para dar cuenta de la acusación de prevaricación que a la postre acabaría desalojándolos del consistorio capitalino tras una sentencia condenatoria de nueve años de inhabilitación.
El PPdeG lo desmintió. El propio regidor también. El mismo día en que los siete concejales anunciaban su dimisión, Currás admitía que no se había dado «ningún paso» pensando en ningún relevo porque confiaban en la absolución de quienes en mayo del 2013, en una junta de gobierno a la que no asistieron ni él ni Leis, aprobaron pagar con fondos públicos la defensa del también ahora exconcejal Adrián Varela tras su imputación en la Pokémon. El portavoz socialista hasta tiró del caso para evidenciar las dificultades a las que se enfrenta Currás estos días. «Hai que darlle a razón ao alcalde nunha cousa, que non había Plan B, porque non tiña ningunha previsión de nada, para nada».
Pero con o sin Plan B, las relaciones en el seno del gobierno ya no fueron las mismas desde entonces. Reyes Leis abrió otra brecha entre las múltiples heridas que el equipo de Currás arrastraba desde el mismo momento de su acceso a la alcaldía, agravadas cuando estalló la Pokémon. En este caso ya entre quienes no se identificaban como críticos, pese a su confianza en la absolución.