Piden más de cuatro años de cárcel para los acusados de la Fundación Cela

Son Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga


padrón / la voz

La Fiscalía solicita la pena de prisión de cuatro años y seis meses e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años para los cuatro acusados en la causa judicial de la Fundación Camilo José Cela de Padrón, iniciada en el año 2012 con la denuncia que presentó el fiscal por presuntas irregularidades en la gestión económica de la entidad.

La acusación particular, ejercida por el abogado Xosemaría Rodríguez, que representa a la vecina de Iria-Flavia Lola Ramos, que dio pie a la denuncia de la Fiscalía, eleva la petición de pena de prisión a cinco años y diez de inhabilitación absoluta para cada uno de los acusados por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Los acusados son la viuda del escritor y ex presidenta de la fundación; Marina Castaño; el ex director gerente de la entidad, Tomás Cavanna; el ex patrono Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de la entidad cultural. Los cuatro están señalados por el despido de Tomás Cavanna, que fue indemnizado con 150.000 euros procedentes de fondos públicos, según sostienen Fiscalía y acusación particular.

El fiscal Álvaro García Ortiz expone en el escrito de acusación que, «con la participación activa de los cuatro, en ejecución de un plan preconcebido y con la finalidad de conseguir un beneficio económico a favor de Tomás Cavanna, simularon un despido con la intención de que a este le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros». Para ello, añade, Dositeo Rodríguez fue el encargado, de acuerdo con el fiscal, de «convenir con el beneficiado la mencionada cantidad» y de que esta fuera asumida con fondos públicos de la Xunta.

El despido «orquestado por los acusados», según el fiscal, fue sometido a la aprobación del Patronato en mayo de 2010, cuando los «patronos de buena fe aprobaron que Tomás Cavanna fuera cesado conforme a su voluntad». La indemnización le fue abonada en julio de ese año, tal y como consta en el escrito de la Fiscalía.

Por su parte, en el escrito de la acusación particular se señala, además, que Tomás Cavanna ejercía de director gerente de la fundación desde el año 1993 y que él mismo solicitó al Patronato «ser cesado en su puesto» para abandonar la entidad de forma voluntaria «y sin hacer ningún tipo de reclamación económica».

Con posterioridad a esa solicitud de baja, sostiene el abogado Xosemaría Rodríguez, Tomás Cavanna y Marina Castaño, entonces presidenta de la fundación, «acordaron sacar provecho económico de la situación, pactando la simulación del despido con el fin de que el ex director-gerente cobrara la cantidad de 150.000 euros de indemnización».

Los acusados recurrieron en su día las imputación pero la Audiencia Provincial confirmó la acusación vertida en primera instancia por el Juzgado número dos de Padrón, que se encargó de la instrucción del caso. Este nació a raíz de la documentación que entregó en la Fiscalía la vecina Lola Ramos, sobre supuestas irregularidades en la gestión económica de la entidad.

La Audiencia si atendió el recurso de los acusados para que la causa no fuera juzgada por un jurado popular y no lo será. El tribunal provincial dictó que debe ser juzgada por los magistrados de la propia sección al ceñir la acusación a un delito de «malversación impropia», achacable a personas que no tienen la condición de funcionarios públicos.

Del 1 al 5 de abril en la sección sexta de la Audiencia Provincial, en Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, fijó del 1 al 5 de abril de 2019 las sesiones para el juicio oral de la causa de la Fundación Cela, de acuerdo con la diligencia firmada a 1 de octubre pasado. Así, el primer día estará dedicado a las cuestiones previas y al interrogatorio de los acusados; el segundo día a las testificales, de la Fiscalía y seis propuestas por la defensa; el tercero al resto de las testificales; el cuarto a declaraciones periciales y el quinto a conclusiones e informes. De los cuatro acusados, Covadonga Rodríguez es la única que sigue teniendo contacto con la Fundación Cela, ahora de titularidad pública, en la que ejerce las tareas de subdirectora.

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