Catorce concellos del área de Santiago aún tienen pendiente la actualización del catastro

La puesta al día remata este año en Oroso, Ordes, Arzúa, Padrón, Negreira y la capital compostelana


negreira / la voz

Cuatro años más tarde del inicio de los trabajos de regularización catastral, el temido catastrazo, esa puesta al día rematará a lo largo de este 2017 en 14 concellos del área de Santiago. Son el 10 % de los 144 municipios gallegos en los que muchos vecinos del rural recibirán una carta de Hacienda en los próximos meses para informarles de esa actualización. También les reclamarán el pago de 60 euros en concepto de amnistía por no haber declarado las nuevas construcciones y las ampliaciones en viviendas, galpones o granjas. Aunque los mayores disgustos llegarán en los años sucesivos cuando les reclamen el cobro retroactivo hasta cuatro años atrás por no haber declarado esas construcciones.

En el área compostelana, el municipio que tiene un plazo más inmediato para finalizar su actualización catastral es Oroso (30 de marzo). A finales de julio rematarán en Negreira, Ordes, Padrón y Santiago. A finales de noviembre lo harán en Arzúa, Santiso, Toques, O Pino, Trazo, Touro, Val do Dubra, Rois y Dodro.

Desde Unións Agrarias aconsejan a los propietarios que, una vez que Hacienda les notifique la regularización de sus bienes no declarados, comprueben el importe que tendrán que pagar el año que viene y por qué conceptos. Se trata de cotejar que los recibos son correctos para poder presentar, en caso contrario, alguna alegación antes de que lleguen los recibos de cobro, porque después será tarde para reclamar y quedarán abocados a abonar los importes. El sindicato ve desproporcionada la regularización en el catastro de rústica.

Los concellos deberán paliar el fuerte impacto para el sector agroganadero por medio de la reducción de la cuota de liquidación al mínimo que permite la ley, que es el 0,3% del valor catastral de granjas, galpones, establos e invernaderos. A mayores, tendrán que aplicar las bonificaciones legales a las instalaciones agrícolas en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en las zonas rurales. Estas bonificaciones pueden llegar al 90%, una medida que ya implantaron muchos municipios para aliviar la presión fiscal sobre las explotaciones hasta ahora estaban exentas de pagar el IBI. El Gobierno aplica estas nuevas medidas con el plan de regularización extraordinario ligado a la lucha contra el fraude. Hacienda busca que afloren explotaciones no registradas.

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