Alrededor de 300 personas se manifestaron contra la orden judicial que obliga al Concello a demoler dos viviendas junto al Camino Francés
18 ene 2022 . Actualizado a las 21:29 h.José Mosteiro fue el primer agente de la Policía Local que hubo en Melide. Y de la vivienda familiar que construyó hace más de sesenta años en la confluencia del Camino Francés con la rúa María Casares partió este sábado al mediodía una manifestación convocada por sus hijos con la finalidad de evitar el derribo de la casa familiar y de una segunda, levantada originariamente como cobertizo. Sobre las dos construcciones, ahora propiedad de los hermanos María Jesús y Víctor Mosteiro, pesa una orden judicial de demolición que debe ejecutar el Concello melidense, al que se dirigieron, además de al regidor José Manuel Pérez (Adiante Melide), las proclamas de un marcha a la que asistieron cerca de trescientos vecinos para evitar el derribo de las casas de «José, o municipal».
«Concello, escoita, as casas non se tocan», «alcalde, escoita, as casas non se tocan», son algunas de las arengas que se escucharon en la manifestación, que concluyó en la plaza de O Convento, frente a la casa consistorial, tras casi una hora de recorrido por el centro urbano, sin más incidentes que la lógica retención circulatoria que, al paso de los manifestantes, se registró en la travesía de la carretera nacional N-547. Finalizada la marcha, la familia se mostró satisfecha por el respaldo de los vecinos de Melide, también manifiesto en una campaña de recogida de firmas con unos dos mil apoyos formalmente expresos. «Estamos moi contentos, aliviados, e agradecidos porque vemos que houbo resposta», afirmó Carlos Mosteiro, hermano de los propietarios de las viviendas.
Todo ese apoyo «fainos sentir con ilusión e forza, pero necesitamos, sen dúbida, o apoio e a intervención dende a Administración para poder chegar ao poder xudicial e intentar buscar algunha solución legal que mude esta resolución tan drástica», se lee en la súplica que la familia dirigió a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, solicitando el amparo de la institución que preside. En el escrito, se califica de «moi desproporcionada» la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña, a raíz de denuncia que tres vecinos interpusieron contra el Concello de Melide, tras haberle solicitado, sin éxito, a la administración local iniciar un expediente de reposición de la legalidad de las dos viviendas afectadas.
La «reforma interna de habitabilidade» que los hermanos Mosteiro reconocen que realizaron en las casas, excediendo lo autorizado en la correspondiente licencia municipal, avivó un conflicto vecinal, originado por la apropiación, por parte de terceros, de un terreno público que el fallo judicial —ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)— también obligaba a recuperar. Ese terreno «xa foi recuperado polo Concello», tal y como cuenta a la Valedora do Pobo la familia, que entiende, así, que «demoler as nosas vivendas non beneficia a ninguén; os veciños non gañan nada». Por la contra, los hermanos Mosteiro tienen mucho que perder; en especial, María Jesús, que lleva «40 años traballando para escombro», como se leía en la pancarta que la afectada portaba en la manifestación.