El primer cruce severo de acusaciones de este mandato entre gobierno y oposición de Melide se escuchó en el transcurso de un pleno ordinario en el que el PP no pudo evitar el debate sobre la situación de la piscina climatizada. Lo intentaron los populares reclamado retirar el punto del orden día por no haberse justificado la urgencia que obliga a argumentar el reglamento cuando un asunto no se aborda con anterioridad en la comisión informativa previa al pleno. Pero el precepto se aplica cuando lo que se plantea es un acuerdo plenario y no era el caso. La aclaración de la secretaria municipal dio paso a un bronco debate en el que trascendieron criterios dispares en el modo de gobernar.
Desde el bipartito que el alcalde José Manuel Pérez encabeza con otros cuatro ediles independientes y dos socios del PSdeG insistieron en que el cierre, semanas atrás, de la piscina «non é unha falcatruada, é unha decisión axustada á lei, adoptada pola pésima xestión do anterior equipo de goberno», afirmó el edil de Deportes, José Antonio Prado. Y explicaron por qué: en septiembre del año pasado venció un contrato de gestión «improrrogable», por lo que el PP, entonces en el gobierno, hizo lo propio con el servicio «por prazo non superior a un ano». Expirado ese plazo, el recinto se cerró con arreglo a los informes de Secretaria e Intervención. A ellos aludió el alcalde para afirmar que «o que teño que seguir é o mandato da lei». Respondió así a la portavoz del PP, Dalia García, que atribuyó el cierre de la piscina a una falta de valentía política. «Que queren vostedes, que prevariquemos», le reprochó el independiente Xosé Igrexas. «Ter informes desfavorables non gusta, pero gobernar é tomar decisións», afirmó la exalcaldesa, que ofreció el apoyo de su grupo para resolver la apertura de la piscina, y otros asuntos de interés general. El regidor le tomó la palabra.