Medio Ambiente exige medidas cautelares para evitar nuevos vertidos industriales en Melide
MELIDE
El requerimiento se trasladó al Concello y a la firma láctea Dairylac, participada por la propia Xunta
23 jul 2019 . Actualizado a las 12:00 h.La Consellería de Medio Ambiente solicitó por escrito al Concello de Melide y a la factoría láctea identificada como la causante del vertido industrial que, el pasado día 12, causó la mortandad de miles de truchas en el río Furelos, la adopción de medidas para evitar nuevas agresiones medioambientales al cauce fluvial. El departamento autonómico trasladó ese requerimiento a la administración municipal y a la empresa Dairylac luego de la inspección realizada a finales de la semana pasada por técnicos de la consellería, que constataron en la misma «achegas de cor branquecina e con olor a lácteo no Rego de Reboredo», indican desde Medio Ambiente en referencia al afluente del río Furelos al que vierten las aguas del polígono industrial del municipio melidense.
Las medidas cautelares que Medio Ambiente exige adoptar tanto al Concello de Melide como a la industria láctea, participada por la propia Xunta en un 25 por ciento, trascendieron tras el encuentro que Ánxeles Vázquez mantuvo ayer con la directiva de la Asociación de Troiteiros Río Furelos. Su presidente, Xavier Pazo, manifestó, al término de la reunión, que lo que exige el colectivo es que «as diferentes administracións se poñan de acordo para buscar unha solución o antes posible». «Isto puido terse evitado», lamenta Pazo al recordar que la entidad que preside lleva más de una década denunciando vertidos contaminantes al río Furelos. En el encuentro con la conselleira, que fue alcaldesa de Melide entre 2011 y 2015, esta también les informó de que el último vertido industrial motivó la apertura de sendos expedientes sancionadores contra la administración local y Dairylac por una infracción grave en materia de pesca fluvial que los enfrenta a multas de 3.001 a 30.000 euros. A la vez, Medio Ambiente estudia la apertura de un segundo expediente administrativo -en este caso, por infracción muy grave en materia de conservación de la naturaleza- que podría desembocar en el pago de sanciones, tanto por parte del Concello como de la empresa láctea, que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros.
Por su parte el PSdeG preguntó en el Parlamento por las medidas que adoptó la Xunta desde el año 2011 para subsanar el problema de contaminación del río Furelos. También En Marea pidió explicaciones al Ejecutivo autonómico por su papel en este caso.