Boqueixón se queda sin su segundo PXOM y vuelve a las normas de 1996

El Supremo aceptó un recurso de casación de Telefónica contra el plan del 2015


santiago / la voz

El Concello de Boqueixón deberá elaborar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras el varapalo del Tribunal Supremo que ha recibido este documento aprobado en el 2015, ya que el alto tribunal ratificó el pasado 25 de mayo una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 2017 que planteaba la nulidad del plan urbanístico tras un recurso presentado por Telefónica, empresa que denunció que el PXOM no tenía el preceptivo informe favorable del Ministerio de Industria.

La Xunta y el Concello de Boqueixón recurrieron el fallo del TSXG y también presentaron recurso ante el Tribunal Supremo porque consideraban desproporcionada la nulidad total del documento. Por ello alegaron que parte de las modificaciones que exigía la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en su informe negativo del 2012 ya habían sido recogidas en el documento final, aprobado definitivamente por la Consellería de Medio Ambiente el 6 de febrero del 2015.

Este plan establecía para Boqueixón (4.220 habitantes) una capacidad residencial de 3.112 viviendas, de las que 1.066 podrían ser de nueva construcción. De los 73 kilómetros cuadrados que mide el municipio, más de 65 quedaban con la consideración de suelo rústico, además de establecer un mecanismo extra de protección para el Pico Sacro y su entorno natural y paisajístico. El PXOM ahora anulado catalogaba a Lestedo como el núcleo con mayor capacidad expansiva del municipio. Todas estas consideraciones, a las que se sumaba la regulación del suelo industrial en Sergude, quedan aparcadas porque la anulación del documento implica que el Concello de Boqueixón debe regirse por las normas subsidiarias que se remontan a 1996.

No es la primera vez que este municipio limítrofe con Santiago viaja hacia atrás en legislación urbanística, ya que el Plan Xeral ahora anulado comenzó a tramitarse después de que en febrero del 2006 la Xunta decidiese, en la última fase de tramitación, tumbar el documento presentado por el Ayuntamiento porque consideraba excesivas las previsiones de nuevas viviendas, más de tres mil, para aprovechar el tirón de ser un municipio limítrofe con Santiago.

En aquel momento, el gobierno local, presidido por Adolfo Gacio (PP), afirmó que el dictamen de la Xunta, gobernada por PSOE y BNG, obedecía a razones políticas. El actual regidor, el también popular Manuel Fernández Munín, destacó ayer que «dende que recibimos a sentenza do Tribunal Supremo traballamos na elaboración dun novo texto». Una de las primeras gestiones, añadió el alcalde, fue una reunión con la Dirección Xeral de Urbanismo «para axilizar ao máximo todos os trámites de adaptación do texto ao último regulamento en materia de telecomunicacións». Munín matiza que «a modificación que debemos aplicar non afectaría ao resto do PXOM, polo que o novo Plan se redactará nun 99 % sobre o anterior».

Xabier Canabal, portavoz del único grupo de la oposición, resalta que «tras dúas tentativas frustradas, e unha cantidade de cartos investido, hai que pedir responsabilidades ao equipo redactor e tamén ao equipo de goberno». «Boqueixón non pode estar máis tempo paralizado e o goberno ten que acabar con esta etapa de inseguridade xurídica», añade Canabal.

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