Una huelga limita la limpieza en cinco colegios a los baños y las papeleras
BOIMORTO
Las empleadas llevan cuatro meses sin cobrar y la CIG pide a la Xunta que reaccione
19 may 2016 . Actualizado a las 04:00 h.El servicio de limpieza en los colegios de A Baña, Boimorto, Touro, Frades y Trazo está desde ayer en servicios mínimos, con una persona por centro para cubrir los servicios mínimos por la huelga indefinida de las catorce trabajadoras de la empresa Linorsa, concesionaria del servicio por dos años y que acumula embargos de más de 1,5 millones de euros con Hacienda. Linorsa les adeuda cuatro meses de salarios -solo cobraron el de enero-, por lo que la Consellería de Educación ha iniciado el procedimiento para la rescisión del contrato, un trámite al que deberá acceder la concesionaria que aún tiene un año más de concesión.
Los servicios mínimos solo incluyen la limpieza de los baños y las papeleras. El resto de instalaciones no serán atendidas mientras dure la huelga. En el colegio de A Baña, lo atenderá una de las cuatro empleadas, en horario de 15.00 a 18.30 horas, después de que así le fuese notificado ayer a la dirección del centro.
En Touro, la dirección, el claustro de profesores y la Anpa del CPI Plurilingüe Fonte Díaz, ha emitido un comunicado para expresar públicamente «a nosa solidariedade e apoio ás compañeiras do servizo de limpeza deste centro nas súas reivindicacións pola situación de precariedade laboral na que se encontran». Además, el conjunto de la comunidad educativa insta a la Consellería de Educación, que el pasado septiembre adjudicó a Linorsa la concesión por dos años del servicio de limpieza en los cinco centros educativos de la zona afectados por la huelga, a que «tome as medidas oportunas da maneira máis urxente posible para resolver a situación na que se encontran as traballadoras da empresa».
Rescisión de contrato
Es también lo que exige el sindicato CIG, desde el que Roberto Alonso, representante de la docena de trabajadoras afectadas, insta al departamento autonómico a «rescindirlle o contrato á concesionaria e a pasar á seguinte empresa no concurso de adxudicación, garantindo a subrogación do persoal e as súas condicións laborais». Por otro lado, Alonso avanzó que la central sindical recurrirá judicialmente el decreto de servicios mínimos de la Consellería de Educación, al considerar «abusivo» el 50 por ciento establecido. La CIG también presentará un recurso judicial contra la decisión de la adjudicataria de asignar, «descoñecemos con que criterios», a una trabajadora por centro la cobertura de esos servicios mínimos.
La central sindical no descarta intensificar la reivindicación laboral con nuevas medidas de protesta, con vistas a que la Xunta deponga «unha actitude moi cómoda», ya que, asegura Roberto Alonso, «dende o primeiro mes se lle comunicou á Consellería que as traballadoras estaban sen cobrar», y el conflicto laboral sigue sin resolverse tres meses después. El representante laboral de las operarias afectadas, que acumulan cuatro meses sin cobrar la nómina, no comparte la justificación de Educación, «que considera que é un problema entre unha empresa privada e os seus traballadores, e non da Xunta», apunta. Alonso entiende, sin embargo, que «a Xunta paga para as traballadoras, co que a empresa é unha intermediaria».