Además, explican que la madre se puso en contacto con los servicios sociales de la ciudad, solicitando asistencia psicológica y social a entidades públicas y oenegés especializadas en atención a víctimas de violencia machista. Fue en ese momento, señalan, cuando cambió de colegio a sus hijas, «puesto que entre donde reside actualmente y la localidad donde vive su exmarido hay 60 kilómetros de distancia», añaden.
La representación legal de la madre juzga «sorprendente» que el juzgado de Arzúa le denegara el cambio de residencia y el cambio de colegio de sus hijas, así como que la Audiencia decidiese ratificar esa decisión. En este sentido, aseguran que a la mujer le resulta «frustrante» tener que aceptar «que una madre que tiene la custodia de sus hijos y que es víctima de presunta violencia de género se vea condenada a elegir entre estas dos opciones: o residir en el mismo pequeño pueblo que su exmarido agresor o viajar en coche todos los días varios kilómetros para llevar y recoger a sus hijas, con todo lo que conlleva para ella y para sus hijos».