El contrato responde a un fallo del Supremo sobre el bloque de viviendas del Plaza
08 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El derribo de la sexta y última planta del inmueble identificado en el callejero de Arzúa con el número 2 de la rúa de Lugo, conocido como edificio del Plaza, apenas ha suscitado interés entre las firmas especializadas del sector de la construcción. Vencidos los dos meses establecidos como plazo para presentar ofertas en el anuncio publicado, el pasado 6 de marzo, en el DOG (Diario Oficial de Galicia) para licitar el correspondiente contrato, en el Concello arzuano únicamente ha recibido la propuesta de una empresa. Con todo, según han indicado fuentes municipales, se aguardará un par de días por si llegase alguna propuesta, remitida en tiempo, a través del correo postal.
El plazo de presentación de ofertas es el único fijo de un procedimiento administrativo con el que arrancó la cuenta atrás para ejecutar una demolición a la que el Ayuntamiento de Arzúa está obligado por imperativo judicial. Una sentencia dictada en firme por el Tribunal Supremo en 1997 obliga a derruir la última planta del edificio del Plaza, ubicado en pleno centro urbano. El fallo del Supremo otorga la razón al particular que en 1987 denunció al promotor del inmueble por construir una planta más de lo autorizado en la correspondiente licencia municipal de obra.
Así, tres décadas después, y agotados todos los recursos posibles para evitar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Alto Tribunal, en el Concello de Arzúa no tienen más opción que avanzar en la burocracia previa a la demolición, toda vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vigila el cumplimiento del fallo judicial del Supremo al requerir mensualmente información sobre las medidas que se adoptan desde la administración local para su ejecución. Eludirla le costó la salida de la política activa al anterior alcalde arzuano, Xaquín García Couso, al que el PP fulminó como candidato a la reelección por el BNG en el 2011. La formación conservadora recurrió a la Junta Electoral, que declaró inelegible al alcaldable nacionalista, aprovechando que García Couso había sido condenado, no en firme, a seis meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por, precisamente, retrasar la ejecución de la sentencia de derribo, dictada por el Supremo.
El propio Xaquín García llegó a licitar en 2006, también año preelectoral, un contrato como el que ahora está en trámite, pero, por aquel entonces quedó desierto. Eso a pesar de que el presupuesto era superior en 100.000 euros al actual. Concretamente, de 330.556 euros, frente a los 233.033 euros reservados por el equipo del actual alcalde, el independiente José Luis García López.