El contrato del 2006, cuando era alcalde Xaquín García, era de 330.556 euros
08 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El publicado el martes en el DOG no fue el primer anuncio del Concello de Arzúa licitando el contrato para proceder a la demolición de la sexta y última planta del conocido como edificio del Plaza, dando cumplimiento, así, a la sentencia que en 1997 dictó en firme el Tribunal Supremo ordenando el derribo. El mismo procedimiento inició el exalcalde arzuano Xaquín García Couso -que llegó a ser inhabilitado 6 meses para ejercer cargo público precisamente por retrasar la ejecución del fallo judicial del Supremo- en el 2006.
Sin embargo, entonces, el presupuesto reservado para la contratación, que no llegó a prosperar porque no se presentaron empresas, era de 100.000 euros más que el previsto ahora. O lo que es lo mismo, hace doce años, el precio de licitación ascendió 330.556 euros, frente a los 233.033 euros actuales. Preguntado al respecto, el actual regidor arzuano, el independiente José Luis García López, indicó que la presente cuantía, que es la que figura consignada en el presupuesto municipal para el presente ejercicio, responde a criterios objetivos, los establecidos, explicó, «polos técnicos da empresa que se contratou para facer os pregos, de acordo co pertinente estudo que tamén fixeron do edificio para avaliar o seu estado».
Pese a la diferencia en el presupuesto, incluso habiendo transcurrido doce años desde la convocatoria del anterior concurso, el alcalde de Arzúa se reafirma en las declaraciones que realizó hace dos días expresando su confianza en que, al contrario que en el 2006, ahora no quede desierto por falta de propuestas por parte de empresas. José Luis García López había manifestado al respecto que «probablemente non suceda o mesmo porque as circunstancias das empresas non son as mesmas». Se refería el regidor a que ahora el volumen de trabajo de las constructoras es inferior al de antes de la crisis, por lo que se deduce que será mayor el interés por la obra.
Los dos procedimientos se convocaron en año preelectoral
Sendos anuncios del Concello de Arzúa para contratar la demolición de la última planta del edificio del Plaza, ubicado en pleno centro urbano, tienen algo en común. Se da la circunstancia de que los dos, el del 2006 y el del presente ejercicio, han sido convocados en año preelectoral. A esa coincidencia también ha dado respuesta ayer el actual regidor arzuano.
Por un lado, José Luis García López recordó que la vía judicial por la que optó su equipo para evitar el derribo inmobiliario se agotó cuando el Supremo rechazó el recurso de casación que presentaron. Y por otro, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vela mensualmente por el cumplimiento de la sentencia de demolición, con lo que «sin opción de ningún recurso e tendo a obriga de informar ao xuíz todos os meses, non me queda outra que sacar a contratación», arguyó.
La sentencia que dicta la demolición da respuesta a una denuncia vecinal de hace 30 años
El derribo de la sexta y última planta del edificio del Plaza, la mole urbanística del casco urbano de Arzúa, no es plato de buen gusto para nadie. Hace veintiún años que el Tribunal Supremo dictó en firme la sentencia que obliga a demoler esa planta ilegal y ninguno de los alcaldes que desfilaron por el consistorio durante todo ese tiempo hasta la fecha ejecutó el fallo judicial. Y si el asunto no es de agrado para los gobernantes, tampoco lo es para sus gobernados. En su origen subyace un conflicto vecinal.
Hay que remontarse a 1987, año del que data la denuncia interpuesta por un particular contra el promotor del inmueble, que, en vista de lo sentenciado por el Supremo, se excedió edificando una planta más de lo que le había sido autorizado en la licencia municipal de obra. Desde entonces, transcurrieron treinta y un años, durante los que el asunto no siempre estuvo candente como ahora.
El aliento judicial sobre la nuca, exigiendo ejecutar la sentencia en firme del Tribunal Supremo lo empezó a notar el exalcalde arzuano Xaquín García Couso, que tuvo que pagar con su salida de la política activa el haber dilatado el cumplimiento del fallo judicial. La condena, no en firme, de inhabilitación para ejercer durante 6 meses como cargo público la aprovechó en campaña el Partido Popular para despacharlo como candidato a la reelección por el BNG. La Junta Electoral lo declaró inelegible en el 2011.