Luz verde al gobierno de Arzúa para contratar el derribo en el edificio del Plaza
ARZÚA
El pliego que regirá los trámites para ejecutar una sentencia del Supremo, que obliga a demoler una planta, no recibió alegaciones
17 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Sin objeciones. Las condiciones técnicas, así como de índole administrativo, establecidas desde el Concello de Arzúa para contratar el proyecto y los trabajos de demolición de la última planta del conocido como edificio del Plaza, en el centro urbano de la localidad, no han recibido alegación alguna. El plazo de veinte días hábiles abierto desde la administración local para presentar reclamaciones al pliego de cláusulas que regirá la contratación se cerró ayer sin que a través del registro municipal se hayan recibido escritos que, inevitablemente, retrasarían el inicio del proceso de tramitación administrativa que precede a la ejecución de toda obra.
Eso significa que el siguiente paso que está obligado a dar el gobierno arzuano es el de aprobar la contratación, que se resolverá por procedimiento abierto, de los trabajos de redacción y de ejecución del proyecto de derribo de la planta ilegal del inmueble, ubicado en el nº2 de la rúa de Lugo. El acuerdo no podrá dilatarse demasiado, toda vez que el alcalde de Arzúa, el independiente José Luis García López, está obligado a informar mensualmente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de las medidas que adopta para cumplir con la demolición de última planta del edificio. Es a lo que obliga una sentencia dictada en 1997 por el Tribunal Supremo y que todavía está sin ejecutar.
En la próxima comunicación que se dirija al alto tribunal gallego, desde el Concello arzuano informarán de que el período para reclamar ha concluido sin alegaciones y que lo que procede ahora es aprobar la contratación. No hay marcha atrás. El regidor es así consciente de que es un trámite que tendrá que poner encima de la mesa de la Xunta de Goberno Local para resolver en un par de meses, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes que hay en este caso concreto.
El haber dilatado la ejecución de la sentencia de derribo que hace casi dos décadas dictó en firme el Supremo le costó a su antecesor en el cargo, Xaquín García López, una inhabilitación para ejercer como cargo público durante 6 meses y, posteriormente, su candidatura a la reelección.