Concellos gallegos piden colaboración y fondos contra la crisis de la vivienda

Álvaro Sevilla Gómez
Álvaro Sevilla AMES / LA VOZ

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Jacobo Hortas, Pedro Blanco, Blas García, María José Caride y Gonzalo Louzao, durante el foro celebrado en O Milladoiro.
Jacobo Hortas, Pedro Blanco, Blas García, María José Caride y Gonzalo Louzao, durante el foro celebrado en O Milladoiro. PACO RODRÍGUEZ

Un foro celebrado en Ames propone soluciones a un problema sistémico

08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Que la vivienda vuelva a ser un derecho y no termine convertida en un privilegio. Ese es el objetivo que se marcaron los protagonistas del Foro da Vivienda, Horizonte Fogar Digno, organizado por el Concello de Ames y La Voz de Galicia. Sirvió para realizar un diagnóstico de la situación actual y marcar un camino: sin fondos y sin colaboración entre Administraciones no será posible salir de un laberinto que zarandea proyectos de vida y que ya impacta en la economía y en la atracción de talento.

El encargado de abrir la jornada, celebrada ayer en la Casa da Cultura de O Milladoiro, fue el regidor local, Blas García, que recordó la donación de seis parcelas a la Xunta para levantar 220 viviendas públicas. «A cidadanía non entende de competencias, entende de solucións», precisó el alcalde, que dijo que el problema afecta a la economía, pero también a la natalidad, a la igualdad y a la competitividad de empresas y territorios.

Definió la vivienda como una de las tres patas sobre las que se sostiene la dignidad de los ciudadanos, junto al trabajo y la conciliación: «Temos que reflexionar, porque ter un traballo xa non garante que poidamos ter unha vivenda. Non é unha cuestión de política urbanística, senón de política social, económica e de igualdade de oportunidades. A política de vivenda non pode ser de confrontación permanente, senón de colaboración».

García admitió que esas seis parcelas cedidas son solo el comienzo de un programa que incluye la movilización de hogares vacíos, planes para favorecer la construcción o la puesta en marcha de hogares colaborativos intergeneracionales. Como reto para los ayuntamientos puso énfasis en la falta de personal técnico, lo que dificulta la tramitación de las licencias y el desarrollo de suelo.

En el coloquio posterior participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; la representante de la Fegamp y concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride; y Jacobo Hortas, responsable jurídico de la empresa pública de vivienda de A Coruña (Emvsa). Los tres concordaron con Blas García, comenzando por Louzao, que recordó que A Estrada se enfrentará a un reto en cuanto se culmine su conexión con Santiago a través de la AG-59, lo que calificó como una «vía de oportunidade», pero también como un desafío. María José Caride se quejó de las limitaciones que sufren los concellos para poder acceder a financiación para llevar a cabo sus propios proyectos y reclamó un mecanismo similar al Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para agilizar sus desarrollos urbanísticos.

Hortas recordó que el parque de vivienda pública es mínimo en comparación con los países del norte de Europa. Puso cifras a esta crisis. Entre ellas, que solo el 15 % de las personas de entre 18 y 30 años logran acceder a un contrato de alquiler. Louzao también destacó las dificultades que se encuentran para movilizar el parque de viviendas vacías, que en A Estrada llega a las 3.000, de las 12.000 totales. Afirmó que muchos propietarios no dan el paso, a pesar de bonificaciones como la del IBI, por «medo». Caride puso números encima de la mesa sobre este fenómeno, ya que en Vigo contabilizan 12.000 hogares vacíos. Criticó que entre el 2008 y el 2026 apenas se han construido promociones públicas y anunció el programa municipal de Vigo para rehabilitar viviendas, con subvenciones de hasta 20.000 euros y seguros y avales que firma el propio Concello, con el objetivo de que esas propiedades lleguen a las familias con rentas más bajas.

Hortas insistió en esa inseguridad jurídica, que no solo afecta al alquiler, sino también a la construcción, desincentivando ambas. También pidió que, además de poder declarar un municipio zona residencial tensionada, se dote a los concellos de herramientas legales para detectar y sancionar los incumplimientos de la ley. Sobre esta medida, reconoció que se necesita tiempo para realizar una valoración más exhaustiva, aunque la calificó de positiva y afirmó que ha permitido bajar los precios.

Louzao cerró su turno reclamando mayores fondos para los concellos de menor tamaño, ya que además son menos atractivos para las empresas privadas, que anteponen construir en los de mayor peso económico, lo que acentúa ese déficit habitacional: «Vai acabar sendo un luxo ter unha vivenda, pero non hai fórmulas máxicas». Caride recordó que el fenómeno de la vivienda de uso turístico ha influido en la situación actual, de ahí que A Coruña, Santiago y Vigo tuvieran que regularlo: «Observamos como boa parte da renda familiar é para o alugueiro». Hortas cerró el coloquio reclamando unas reglas fijas para todas las partes implicadas: «É moi importante dar seguridade xurídica e normas claras e perdurables».